El Gobierno ha repetido una y otra vez que los fondos generados por el programa de importación de petróleo de Venezuela, en el marco de la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba) no generan deuda para Nicaragua. Sin embargo, diferentes expertos en el tema analizan la letra menuda del acuerdo y coinciden en señalar que sí se está generando una deuda que la Contraloría General de la República (CGR) tiene que revisar.
Además, sostienen que muchos de estos fondos son canalizados a través de instituciones públicas, en operaciones en las cuales todavía no se sabe cuál es la verdadera legalidad y en las que concurren medias verdades y mentiras completas, como han aseverado diferentes sectores de la sociedad críticos del actual Gobierno.
René Vallecillo, abogado experto en temas fiscales, explica que por las características de este convenio, y las instituciones involucradas, hacen necesario que la CGR realice auditorías especiales para despejar todas las dudas sobre la posibilidad que el país nuevamente, como ocurrió en la década de los ochenta, esté endeudándose sin control.
Según Vallecillo, también ex viceministro de Finanzas (ahora Hacienda y Crédito Público), existe un marco legal que permite a la CGR intervenir en el convenio petrolero, dado que muchas instituciones del Gobierno están recibiendo fondos, aparentemente “donados” por la nueva entidad de cooperación, Alba-Caruna.
“El Gobierno no ha hecho nada, al final quien está financiando todos los proyectos de Gobierno es una entidad privada (pese a que la cooperación petrolera es canalizada por el Gobierno)”, afirma entre tanto Adolfo Acevedo, economista.
Alba-Caruna es la nueva entidad encargada de canalizar los recursos que genera el acuerdo petrolero entre el Gobierno de Nicaragua y el de Venezuela, en el marco del Alba, según las últimas operaciones que ha financiado en lo que va del año.
La Caja Rural Nacional (Caruna) es una cooperativa de ahorro y crédito que nació a mediados de los años noventa, creada por un grupo de productores, organizaciones de productores y cooperativas rurales, realizando modestas operaciones de crédito, similares a las que realizan las microfinancieras nacionales.
Hasta el año pasado, según datos de la Asociación de Microfinancieras, organización a la que pertenecía Caruna, ésta tenía un crecimiento negativo de menos 23 por ciento.
Sin embargo, en menos de un año está manejando recursos superiores a los 100 millones de dólares y distribuidos conforme orientaciones del Gobierno para financiar obras públicas en el Instituto de Vivienda Urbana y Rural (Invur), Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE), Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA), Hambre Cero y el Ministerio de Educación, entre otras entidades públicas.
De esta forma la empresa nombrada a través del acuerdo firmado entre los gobiernos de Nicaragua y Venezuela, en mayo del 2007, Albanisa, desapareció en un abrir y cerrar de ojos y en su lugar apareció Alba-Caruna.
No fue posible obtener una versión de las autoridades de Caruna.
El experto en auditorías al sector público, Aarón López, sostiene que el Gobierno cambió la entidad encargada de recoger los fondos, que inicialmente era Albanisa, cuyo socio por parte de Nicaragua era la estatal Petronic. Ahora seleccionaron a la cooperativa de Ahorro y Crédito (Caruna), como una forma de evadir las auditorías de la CGR.
Según López, este acuerdo debe ser aprobado por la Asamblea Nacional, incluyendo las reformas que se le han estado haciendo. Algo que Venezuela sí ha estado haciendo, cada vez que se realiza una enmienda al contrato.
El único acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional es el suscrito el 29 de abril del año pasado, ratificado por este Poder del Estado en mayo de ese año y en el que no aparece por ningún lado Alba-Caruna, lo que lleva a decir a los expertos que este cambio de Albanisa por Alba-Caruna, “viola el acuerdo original”, sostiene López.
ACUERDO VENCIDO
En esta línea, el economista Adolfo Acevedo afirma que, además, el acuerdo tenía vigencia de un año, período que se venció el pasado 29 de abril.
En el artículo noveno del acuerdo se puede leer: “Noveno: El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la última notificación mediante la cual las partes se comuniquen el cumplimiento de sus formalidades constitucionales y legales internas para tal fin y permanecerá vigente por un período de un (1) año”.
Durante este período la Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado todas las enmiendas.
Los expertos sostienen que el cambio de Albanisa a Alba-Caruna incluso viola el acuerdo inicial que fue firmado por Albanisa-Petronic, y no por Alba-Caruna, una empresa privada que hasta el 2007 se manejaba como una modesta cooperativa de ahorro.
En este sentido, afirman que es necesario que la CGR realice una auditoría especial a entidades estatales que están recibiendo fondos de Alba-Caruna, tales como el Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE), el Instituto Nicaragüense de la Vivienda Urbana y Rural (Iinvur) y la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel).
Estas entidades están ejecutando recursos provenientes del acuerdo petrolero, pero que en ningún lado aparecen reflejados en el Presupuesto General de la República como ingresos, tal y como establece la Ley de Administración Financiera y Régimen Presupuestario, advierte René Vallecillo, experto en temas fiscales.
PRESIDENTE DE PETRONIC ADMITE CAMBIOS
Sin embargo, el presidente de la empresa estatal Petróleos de Nicaragua (Petronic), Francisco López, reconoció que el acuerdo original ha sufrido una serie de modificaciones, cambiando incluso el ejecutor inicial del acuerdo. No hay un acuerdo mencionado por López en el que se indique el cambio de ejecutor Albanisa por Alba-Caruna.
Según afirma con fecha 8 de junio del 2007 “siempre dentro de los acuerdos de la V Cumbre, se firma el adéndum al contrato de venta entre la empresa Petronic y PDVSA”, un adéndum del que la Asamblea Nacional no conoce nada, tal y como se desprende de las declaraciones del presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, Francisco Aguirre, quien ha repetido que el único acuerdo que reconoce ese Poder del Estado es el aprobado en mayo del año pasado (el del 29 de abril).
Mientras el debate en torno a la nula transparencia sobre el manejo de la cooperación de Venezuela sigue, y mientras se continúan ejecutando los diversos proyectos al margen del Presupuesto General de la República, la CGR está cruzada de brazos.
