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Colombia denuncia “conducta agresiva” Discurso del representante de Nicaragua ante la OEA, Denis Moncada Esta es parte de la intervención del embajador de Colombia ante la OEA, Camilo Ospina. “La Delegación de Colombia, consciente de que éste es el foro adecuado para analizar el cumplimiento por parte de los países de la región, de sus obligaciones internacionales, ha decidido denunciar hoy la conducta agresiva y abusiva del Gobierno de Nicaragua contra el Gobierno y el pueblo colombiano, y denunciar públicamente la abierta violación por parte de ese Gobierno de algunas de sus más elementales obligaciones jurídicas”. “Solo un Gobierno en el hemisferio, el presidido por Daniel Ortega, cree en el camino de la violencia y la muerte para tomar el poder político, y ese mismo Gobierno es el que viola abiertamente la Carta Democrática Interamericana en sus artículos 5 y 7, los cuales prescriben que el fortalecimiento de los partidos políticos es prioritario para la democracia, y que ésta es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos. Quizás por eso mismo, el actual Gobierno nicaragüense no quiere el acompañamiento de la OEA en sus elecciones de noviembre, persigue a la prensa libre y ratifica permanentemente su apoyo a la mayor organización narcotraficante del mundo, que con su negocio maldito, mata y daña a los jóvenes del planeta entero y que con su terrorismo asesina, secuestra y ataca sistemáticamente al pueblo colombiano”. “Este mismo Gobierno se vanagloria de controlar las Cortes, amenaza a sus opositores con la manipulación de la ley, y protege a sus socios corruptos, olvidando el principio democrático de la independencia de las Cortes”. “Colombia ha tenido que soportar del Gobierno nicaragüense durante los últimos meses, una andanada de actos provocadores y comentarios soeces e irresponsables, que en algunos casos se encuentran en el límite de lo criminal, los cuales han sido contestados por la vía diplomática como corresponde, pero que no han tenido efecto alguno, razón por la cual es necesario hacer conocer a la comunidad internacional esta situación”. “Se atrevió el mencionado Presidente comandante, a lanzar acusaciones deliberadas y temerarias contra el Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, tildándolo de terrorista y sindicándolo de estar planeando un acto criminal en el territorio nicaragüense”, dijo Ospina en parte de su intervención. Colombia ha planteado un tema, inquietudes y preocupaciones del Gobierno, que tuvieron, han tenido y siguen teniendo su origen en un acto de agresión del Estado de Colombia al Estado ecuatoriano, agresión planificada, organizada con el apoyo de los países que apoyan el Plan Colombia y que causó el asesinato de varias personas, incluyendo al ex dirigente de las FARC, Raúl Reyes, dirigente revolucionario cuya misión principal era precisamente el diálogo, la conversación y la búsqueda de la paz mediante la negociación. Esos hechos de crimen internacional, además de los muertos que ya conocemos, dejaron como consecuencia personas heridas, colombianos, colombianas, de otras nacionalidades, que lograron sobrevivir a un crimen previamente organizado y planificado. En Nicaragua, el Gobierno del presidente Daniel Ortega lo que ha hecho es tomar una decisión de carácter humanitario en el marco de la Constitución de Nicaragua, del ordenamiento jurídico interno y de las normas del Derecho Internacional. El derecho sagrado del asilo y refugio a todas las personas perseguidas por cuestiones políticas, hasta hoy no hay una sentencia ni resolución de ningún tribunal en Ecuador que diga que las personas a que se les ha otorgado asilo en Nicaragua son terroristas o son delincuentes de otro tipo. Nicaragua tiene una tradición humanitaria en otorgar asilo, los nicaragüenses también hemos sido beneficiados con el derecho de asilo en otros países de América Latina, sobre todo cuando sufrimos los embates y efectos de un terrorismo de Estado que se implementó en la era de los Somoza, y un terrorismo de Estado que se implementó en la década de los ochenta por Estados Unidos y por lo cual la Corte Internacional de Justicia dictó sentencia que dijo precisamente que Estados Unidos aplicaba a Nicaragua el terrorismo de Estado y mandó a pagar una indemnización de 14 mil millones de dólares que todavía está pendiente que Nicaragua reciba de Estados Unidos. Colombia como buen alumno de Estados Unidos está aplicando la misma política de terrorismo de Estado, Nicaragua ha actuado en el asilo a las personas en referencia, apegado al Derecho local y al Derecho Internacional. Nicaragua está en la obligación en dar asilo y proteger a refugiados y perseguidos políticos, protegerlos y garantizarles su seguridad y su vida, por eso el presidente Ortega ha solicitado al presidente Uribe que no organice conjuntamente con fuerzas especiales de otros países ninguna misión que ponga en peligro la seguridad y la vida de las personas que amparadas en el Derecho Internacional están refugiadas y legalmente protegidas en Nicaragua.

“Ortega juega a la ruleta rusa” El ex canciller Francisco Aguirre Sacasa comentó anoche que, al margen de las disputas internacionales que protagoniza el presidente Daniel Ortega, a lo interno el Estado “juega a la ruleta rusa” con los donantes, que han recibido fuertes ataques del Poder Ejecutivo. “Estamos jugando a la ruleta rusa con los donantes, y la ruleta rusa es una pistola con un tambor de seis orificios y una bala. Nosotros no estamos jugando, es el Presidente, al vulgarear a los diferentes donantes y al advertirles que si no se acoplan a lo que él dice, pues que no necesita de las ‘migajas’, que como mínimo son 150 millones de dólares”, advirtió Aguirre Sacasa, también diputado. Aguirre Sacasa añadió que la situación “se pone color de hormiga” al tomar en cuenta que el precio del barril de petróleo sigue su alza. “Si esta gente decide sentirse ofendida (la comunidad donante) por las palabras de nuestro Presidente, en un momento dado nos pegan el tiro de gracia y (retiran) esa ayuda de 150 millones de dólares para el balance de pago”, comentó Aguirre Sacasa. “Si estamos viendo al país color de hormiga con el precio del barril a 140 dólares, imaginate cómo sería con 150 ó 155 dólares, por eso digo que estamos jugando a la ruleta rusa con la ayuda de los donantes”, insistió Aguirre Sacasa.

El Estado de Colombia endureció su lenguaje diplomático y acusó al Gobierno de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), de proteger, promover y hacer una abierta apología a grupos terroristas, en específico a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

“Es necesario denunciar aquí que el Gobierno nicaragüense protege, promueve y hace apología abiertamente a grupos terroristas”, dijo el embajador de Colombia ante la OEA, Camilo Ospina.

La arremetida colombiana ante la OEA surge luego de que el Presidente nicaragüense, Daniel Ortega, advirtiera a su par de Colombia, Álvaro Uribe, de no intentar “asesinar” a las jóvenes asiladas Martha Pérez y Doris Bohórquez, quienes estaban en un campamento de las FARC en Ecuador, cuando fue atacado por el Ejército de Colombia el primero de marzo, matando a Raúl Reyes, hasta entonces el número dos de esa guerrilla.

El embajador de Nicaragua ante la OEA, Denis Moncada, replicó a Ospina, diciendo que Ortega respeta “el derecho sagrado de asilo y refugio a todas las personas perseguidas por cuestiones políticas”.

La disputa marca una nueva curva ascendente en el conflicto que los gobiernos de Nicaragua y Colombia mantienen desde marzo, a causa del ataque del Ejército de Colombia al campamento de las FARC en Ecuador, que para Daniel Ortega significó “la agresión de un Estado contra otro”.

Nicaragua rompió meses atrás sus relaciones diplomáticas con Colombia, aunque por menos de 24 horas.

LA POSICIÓN DE COLOMBIA

Ospina, en su discurso, dio cuenta de cómo se cierran espacios políticos en Nicaragua, del pacto libero-sandinista, de la partidización en los poderes del Estado y de cómo la prensa independiente también es acosada por el Gobierno de Ortega.

El diplomático también acusó al Estado de Nicaragua de mentir y efectuar “un evidente abuso de confianza” el día en que trasladaron sobre espacio aéreo colombiano a las jóvenes Pérez y Bohórquez, en una aeronave AN 26, matrícula FA 160 de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua.

“El Gobierno de Colombia recibió una nota el 22 de mayo de 2008, en la cual el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, de forma cínica aduce que el sobrevuelo se había efectuado ‘en tiempo y forma’, tratando de legitimar su apoyo al terrorismo, mediante la mención al respeto a los derechos humanos y de asilo. Abierta burla al pueblo colombiano”, mencionó Ospina.

Nicaragua también otorgó asilo a la mexicana Lucía Morett, otra joven que estaba en el campamento de las FARC .

El representante de Colombia acusó a Nicaragua de violar obligaciones internacionales al brindar asilo a Pérez y Bohórquez.

“¿Cuántas obligaciones internacionales viola el Gobierno presidido por Daniel Ortega, que abiertamente llama hermanos y protege a criminales que tienen más de setecientos secuestrados al día de hoy, que siembran minas antipersonas en el territorio colombiano para defender sus cultivos de coca, matando e hiriendo a los ciudadanos colombianos sin contemplación alguna, que son el más grande cártel de la droga del mundo, que reclutan sistemáticamente a menores de edad y que en un acto de sevicia criminal imperdonable, masacraron a 11 diputados hace sólo un año, masacre que bien supo y condenó este Consejo Permanente y a través suyo el hemisferio y el planeta”, dijo Ospina.

Las FARC son la más vieja guerrilla del continente americano y es combatida por el Gobierno de Colombia.

El presidente Ortega propuso a inicios de 2008, junto a su homólogo de Venezuela, Hugo Chávez, que a las FARC se les reconozca el estatus de “fuerza beligerante”. No hubo éxito.

ORTEGA NO VE TERRORISTAS

Sin embargo, Moncada defendió el asilo otorgado por el Gobierno de Ortega, al decir que no se ha confirmado que Pérez y Bohórquez pertenezcan a las FARC.

“(Hay un) derecho sagrado de asilo y refugio a todas las personas perseguidas por cuestiones políticas, (y) hasta hoy no hay una sentencia ni resolución de ningún tribunal en Ecuador que diga que las personas a que se les ha otorgado asilo en Nicaragua son terroristas o son delincuentes de otro tipo”, manifestó Moncada.

Ospina volvió a acusar a Nicaragua de mentir y de violar la Carta Interamericana contra el Terrorismo, que en su artículo 12 prohíbe a un Estado brindar refugio a personas sobre quienes se considera han cometido delitos de terrorismo.

“Un fiscal ecuatoriano ordenó detener a las terroristas que se encontraban en el campamento del abatido jefe de las FARC, alias Raúl Reyes, (pero) el presidente Ortega y su Gobierno recurrieron a la mentira y al engaño para transportar a estas terroristas hasta su país”, dijo.

A LA DEFENSA DE ECUADOR Y AL ATAQUE DE ESTADOS UNIDOS

La defensa emprendida por Nicaragua ante las acusaciones de Colombia se basaron en que Ecuador resultó ser el Estado agredido por una Colombia que imita a Estados Unidos.

“Colombia, como buen alumno de Estados Unidos, está aplicando la misma política de terrorismo de Estado. Nicaragua ha actuado en el asilo a las personas en referencia, apegado al Derecho local y al Derecho Internacional”, aseguró Moncada.

“Colombia ha planteado un tema, inquietudes y preocupaciones del Gobierno, que tuvieron, han tenido y siguen teniendo su origen en un acto de agresión del Estado de Colombia al Estado ecuatoriano; agresión planificada, organizada con el apoyo de los países que apoyan el Plan Colombia y que causó el asesinato de varias personas, incluyendo al ex dirigente de las FARC, Raúl Reyes, dirigente revolucionario cuya misión principal era precisamente el diálogo, la conversación y la búsqueda de la paz por la negociación”, sostuvo Moncada.

“En Nicaragua, el Gobierno del presidente Daniel Ortega lo que ha hecho es tomar una decisión de carácter humanitario en el marco de la Constitución de Nicaragua, del ordenamiento jurídico interno y de las normas del Derecho Internacional”, remató Moncada.

EL “HERMANO” Y EL CAMINO DE LA VIOLENCIA

Ortega llama hermanos a los miembros de las FARC y en especial a su difunto cabecilla alias Manuel Marulanda, muerto también en marzo por causas naturales.

Colombia no comparte ese trato “abierto y descarado” a quienes considera “terroristas”.

“Sólo un Gobierno en el continente olvida hoy la defensa del camino democrático y apoya públicamente el terrorismo. El Gobierno de Nicaragua. Un hecho de esa naturaleza tiene que tener consecuencias políticas y jurídicas”, advirtió Ospina.

“El mejor ejemplo de este hecho es su reacción (de Ortega) de pesar y dolor con ocasión de la muerte del más antiguo de los terroristas de Colombia, conocido como ‘Manuel Marulanda Vélez’, cabecilla de las FARC, nefasto personaje que determinó la muerte, secuestro, tortura y toda clase de actos de barbarie contra miles de colombianos. La actitud del presidente Ortega hiere y ofende al pueblo colombiano”, disparó Ospina.

EX CANCILLER NICARAGÜENSE: “COLOMBIA ESTÁ EN LO CORRECTO”

El ex canciller nicaragüense Emilio Álvarez, dijo ayer que el Estado de Colombia es el que está en lo correcto en su disputa diplomática con Nicaragua.

“Las Naciones Unidas ya tomaron una decisión de clasificar a las FARC como terroristas, y eso les da un sello a esas personas, por lo cual Colombia está en lo correcto, se está apoyando en una decisión de Naciones Unidas”, explicó Álvarez.

El ex diplomático añadió que la política exterior de Ortega “va sin rumbo”, al referirse al nuevo episodio con Colombia.

“Esto es parte del clima de agitación internacional que está manteniendo el Presidente de la República sin ningún objetivo, porque se está peleando con todos y eso está fuera de lo común y corriente”, valoró Álvarez.

¿EXTRADICIÓN?

Mientras, el vocero del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Leonel Teller, anunció que la bancada de esa organización ante la Asamblea Nacional, respaldará en su momento la extradición de la mexicana Lucía Morett, además de las colombianas Martha Pérez y Doris Bohórquez, vinculadas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupo reconocido como terrorista a nivel internacional.

“Además de que estas personas son requeridas por la justicia de Ecuador y por la justicia de Colombia, consecuentemente no pueden ser sujeto de asilo humanitario”, indicó Teller al referirse a las dos mujeres colombianas, quienes aparecieron en público en Nicaragua en sillas de ruedas.