El Procurador General de la República, Hernán Estrada, reiteró que el Gobierno no ha ordenado tomas de tierras, como denunció un grupo de productores aglutinados bajo la bandera de Upanic.
Estrada señaló que él mismo visitó a los productores para que le mostraran una lista de 300 propiedades que supuestamente estaban tomadas ilegalmente por órdenes de la Procuraduría General de la República (PGR), pero no le mostraron ni una.
No obstante, los productores se reunieron posteriormente y lograron recabar una lista de 109 propiedades que enfrentan problemas de posesión con otras personas.
Estrada indicó que ninguna de esas 109 tomas de propiedades está relacionada con decisiones tomadas por el Gobierno ni con órdenes de la PGR a desmovilizados para que ocupen las mismas.
“Son litigios legales que se dirimen en los tribunales de justicia y nada tienen que ver con que enviamos a gente a tomarse la propiedad”, indicó Estrada.
El procurador agregó que le comunicó la situación al presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, para aclarar que no es política del Gobierno actual las tomas de tierras en terrenos privados.
CONTRA PRODUCTORES
Después de aclarar la situación, Estrada reveló que algunos líderes de productores, como el lechero Leonel Agurcia y Juan Álvaro Munguía, directivo de Upanic, tienen intereses particulares en el caso de las tomas de tierras.
Según el procurador Estrada, Agurcia tiene problemas con tierras en Chiltepe y Munguía tiene conflictos con campesinos en Cosigüina.
APRESURA LEYES
Estrada estuvo ayer en la Asamblea Nacional, donde pidió a los diputados de la Comisión de Justicia que apresuren leyes relacionadas con los problemas de propiedad.
Por ejemplo la Ley de Registro Público, porque existen muchas anomalías en los registros públicos en todo el país, así como la Ley de Costas, debido a que los terrenos costeros son propiedad del Estado y muchas extensiones de estas tierras están tomadas por particulares.
Sobre las mesuras judiciales, Estrada indicó que han sido aprovechadas por algunos productores para “hacerse millonarios”, puesto que los jueces llegan a medir los terrenos y cuando se encuentran con tierras del Estado ni siquiera llaman a la PGR, sino que únicamente le adjudican la tierra a particulares.
