Guatemala criticó el jueves las nuevas medidas contra la inmigración ilegal que adoptará la Unión Europea; Honduras expresó “preocupación” y Nicaragua guardó silencio.
Con una abrumadora votación a favor, el Parlamento Europeo aprobó el miércoles la “Directiva de Retorno”, que endurece las medidas contra los indocumentados en 27 países de la UE. Entre otras cosas, permitirá la detención por hasta 18 meses, la expulsión de menores de edad y la prohibición de regresar por cinco años.
“Es altamente preocupante, se habla de manera preliminar hasta de doce meses de detención para inmigrantes y se considera la migración como un posible delito”, declaró ayer en rueda de prensa en Tegucigalpa el vicecanciller hondureño, Eduardo Enrique Reina.
Reina lamentó que la UE tome decisiones contra los inmigrantes “cuando estamos con la Unión Europea en una negociación de un acuerdo de asociación en que el tema migratorio es precisamente para Centroamérica uno de los temas principales”.
Más de 1.1 millones de hondureños ha emigrado al exterior, casi 900,000 a Estados Unidos, mientras que España es el segundo destino.
Guatemala criticó la polémica directiva de inmigración. “Esto afecta más a otros países de la región que tienen muchos más ciudadanos que viven en Europa, pero somos solidarios y nos uniremos a un llamado internacional para que se reconsidere” la normativa, afirmó el vicecanciller Miguel Ángel Ibarra.
Según datos de la Cancillería, en Europa radican unos 11,000 guatemaltecos, la mayoría de ellos en España; la mitad ilegal.
En Nicaragua, LA PRENSA intentó conocer la posición de Cancillería. Sin embargo, en Relaciones Públicas señalaron que era muy posible que el presidente Daniel Ortega se pronunciase al respecto, a pesar de que la embajadora Francesca Mosca se reunió con el canciller Samuel Santos cerca del mediodía de ayer.
Colaboró María José Uriarte.
