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El valor de un cobarde
Guillermo E. Miranda
El autor es dirigente nacional de la Resistencia Nicaragüense.
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A mediados de mil novecientos noventa y nueve siendo presidente Arnoldo Alemán, éste autorizó unas pláticas con el FSLN. Las que por sus consecuencias hoy son conocidas con el calificativo de pacto. ¿Cuál era la intención de Alemán en ese momento? moros y cristianos coinciden que era lograr su diputación nacional para seguir teniendo vigencia política después de finalizar su mandato. A cambio aceptó que se bajara del cuarenta y cinco al treinta y cinco por ciento el mínimo de votos para ser declarado presidente, además de aceptar ampliar el CSE a siete magistrados, colegiar la CGR y elevar a 16 la cantidad de magistrados en la CSJ. En esa época se intentó el primer zarpazo a los partidos políticos con las famosas firmas; con el evidente propósito de dejar como partidos únicos al FSLN y PLC. Ese amancebamiento le permitió a Alemán convertirse en socio político de Daniel Ortega, sociedad que dejó de existir cuando Arnoldo fue despojado de su inmunidad y obligado a enfrentar un juicio por defraudación y lavado de dinero en contra del Estado. Juicio que lo convirtió en rehén de los apetitos políticos de Ortega por el control que éste ejerce sobre el Poder Judicial.

Fueron esas presiones, más las continuas amenazas de hacerlo cumplir los veinte años a que fue condenado en la cárcel Modelo, las que han permitido cualquier cantidad de tropelías contra nuestro Estado de Derecho. Aberraciones que han sido avaladas en diferentes momentos por algunos de sus diputados, sus magistrados, sus contralores y sus miembros del CSE, como acaba de suceder recientemente con la resolución que afectó al MRS y PC. Para nadie es un secreto que durante los escasos quince días que Alemán estuvo recluido en la Modelo, lo doblegaron de tal manera, que son varios los que aseguran haberlo visto llorar, mientras de forma histérica pedía que se hiciera lo posible por sacarlo. Recordemos aquella famosa frase “si tenemos que entregar a Nicaragua con tal de sacarlo de la cárcel lo haremos”, ese terror al encarcelamiento propio de las personas sin coraje ha sido aprovechado hasta la saciedad por su carcelero. Quien ahora se apresta a darnos a los nicaragüenses el zarpazo final al cerrarnos los espacios políticos, con el evidente propósito de reinstaurar la dictadura de la década de los ochenta. Con la gran diferencia que su sueño de esa época se soportaba en una costosísima estructura, que incluía entre otros, 250 mil hombres en armas, contando a los más de cien mil jóvenes que conformaron el servicio militar obligatorio, la tenebrosa seguridad del Estado con varias decenas de miles que, sumando los CDS contabilizaban fácilmente el medio millón. Toda esta estructura bélica al final no sirvió para nada. Gracias al heroísmo de la Resistencia Nicaragüense y la rebeldía del pueblo al negarse a vivir bajo una dictadura.

Esto le costó al gobierno de Ortega la increíble suma de más de veinticinco mil millones de dólares, sin contar el armamento y las municiones, lo que daría otra suma astronómica. Fue por esa razón que cuando los rusos le dijeron “hasta aquí llegamos nosotros” y Centroamérica aprobó el plan de Esquipulas, Ortega no tuvo más alternativa que aceptar el diálogo, el que culminó con la abrumadora victoria de doña Violeta Barrios de Chamorro. De ese momento a la fecha de hoy, el mejor aliado que ha podido conseguirse Daniel Ortega se llama Arnoldo Alemán Lacayo, quien por sus vicios y falta de coraje ha permitido que en escaso año y medio, las ambiciones totalitarias de Ortega se encubran bajo un falso manto democrático. La pregunta es: ¿tendrán que morir nuevamente más de cincuenta mil jóvenes?, ¿volveremos a ver un nuevo éxodo de nicaragüenses abandonando su Patria? En fin, ¿tendremos que volver a sufrir aquello que creíamos superado, todo por la cobardía de un solo hombre? No me cabe la menor duda que la respuesta a esta interrogante está en la conciencia y entereza de todos y cada uno de los nicaragüenses, que ya hemos pagado un alto precio por el derecho a vivir en paz y progresar en democracia.

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