Expertos nacionales aseguran que el Gobierno y sus entidades públicas están violando la Constitución Política, la Ley General de Deuda Pública y otro cuerpo de leyes, con el uso que le están dando a la cooperación venezolana, la cual podría crear una enorme deuda al Estado.
Así lo consideran los economistas René Vallecillo, Adolfo Acevedo y el experto en auditorías al sector público, Aarón López, quienes agregaron que la Contraloría General de la República (CGR) puede prevenir los perjuicios económicos al Estado y no sólo actuar cuando ya hay un daño.
El contralor Guillermo Argüello Poessy, al ser consultado, indicó que respeta el criterio de los expertos, pero la Contraloría ha explicado hasta la saciedad que el dinero que proviene de la cooperación venezolana, específicamente de los fondos de la empresa mixta Albanisa (PDVSA de Venezuela y Petronic de Nicaragua), no constituyen deuda pública, porque la Asamblea Nacional no la aprobó.
Argüello Poessy agregó que si alguien considera que un funcionario público está violentando la ley o cometiendo delito, que lo acuse en los tribunales de justicia. “Y si tiene inmunidad, pues ya se sabe cuál es el proceso para que se le levante la inmunidad”, explicó el contralor.
El auditor Aarón López señaló que los presidentes Hugo Chávez y Daniel Ortega, para la venta de petróleo por parte de Albanisa, acordaron que el 25 por ciento de los ingresos sería entregado a entidades públicas nicaragüenses para invertir en obras de infraestructura, mientras otro 25 por ciento se entregaría al Fondo Alba.
Pero el dinero de Albanisa pasa primero a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional, conocida como Alba-Caruna, que es una financiera, la cual después entrega el dinero a las entidades públicas de Nicaragua.
“El financiamiento es deuda”, dice López, quien señaló que el artículo cinco del acuerdo habla de deudas.
López añadió que cuando una entidad pública recibe dinero que no está incluido inicialmente en el Presupuesto General de la República, esta situación debe ser informada a la Asamblea para su aprobación, como indica la Ley del Presupuesto General de la República, pero las entidades del Estado no lo hacen así.
“Si eso no es ratificado por la Asamblea, y la Contraloría llega a verificar eso, la Contraloría en su dictamen apegado a ley está en la razón de decir que no es deuda pública, porque no fue reconocida por la Asamblea y eso es lo que establece la ley y tendrían razón, pero en la realidad objetiva sí es una deuda pública”, dijo López.
Con el 25 por ciento que recibe el Ejecutivo, López dijo que no hay plan de inversión y se desconoce en qué se utiliza.
Según René Vallecillo, el artículo siete de la Ley General de Deuda Pública habla de pasivos contingentes (garantías), las cuales provocan que si una institución del Estado no honra sus deudas, ésta se convierte en pública.
Otras leyes violentadas en el uso de los fondos del Alba, son la Ley Orgánica de la CGR, porque esta institución debe tener bajo su control todas las sociedades mercantiles del Estado, así como la Ley de Petronic, porque no ha explicado bien el asunto.
Acevedo recalcó que no se conoce cuál es el verdadero uso que el Gobierno de Nicaragua le da a los fondos del Alba. “No quieren que haya control sobre esos recursos”, dijo.
ALBA-CARUNA ES LA NUEVA CAJA CHICA
Alba-Caruna es la nueva entidad encargada de obtener los recursos que genera el acuerdo petrolero entre el Gobierno de Nicaragua y el de Venezuela, en el marco de la iniciativa de la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba), afirmaron expertos nacionales, confirmando lo que informó LA PRENSA la semana pasada. Los expertos coinciden en señalar que la CGR debe realizar una auditoría a estos fondos para determinar el uso correcto de los mismos.
LA PRENSA informó la semana pasada que el Gobierno cambió la entidad encargada de recoger los fondos, que inicialmente era Albanisa, cuyo socio por parte de Nicaragua era la estatal Petronic. Ahora seleccionaron a Alba-Caruna, como una forma de evadir las auditorías de la CGR.
Según López, este acuerdo debe ser aprobado por la Asamblea Nacional, incluyendo las reformas que se le han estado haciendo, incluyendo las de este año.
En esta línea el economista Adolfo Acevedo afirmó que el acuerdo tenía vigencia de un año, el cual se venció el pasado 29 de abril, y todavía no ha sido ratificado o renegociado. En el artículo noveno del acuerdo se puede leer “Noveno: El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la última notificación mediante la cual las partes se comuniquen el cumplimiento de sus formalidades constitucionales y legales internas para tal fin, y permanecerá vigente por un período de un (1) año”.
Durante este período la Asamblea de Venezuela ha aprobado todas las enmiendas, mientras que Nicaragua ni ha ratificado el acuerdo.
Los expertos sostienen que el cambio de Albanisa a Alba-Caruna incluso viola el acuerdo inicial que fue firmado por Albanisa-Petronica y no por Alba-Caruna, una empresa privada que hasta el 2007 se manejaba como una modesta cooperativa de ahorro.
Sin embargo, sostienen que según los discursos oficiales, todos los proyectos que están realizando en el país: Hambre Cero, Usura Cero, Casas Para el Pueblo, Calles para el Pueblo, están siendo financiados por una empresa privada, por lo que es de suponer que el Gobierno “no ha hecho absolutamente nada”.
En este sentido afirman que es necesario que la CGR realice una auditoría especial a entidades estatales que están recibiendo fondos Alba, tales como el Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE), el Instituto Nicaragüense de la Vivienda Urbana y Rural (Invur), y la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel).
Vallecillo sostiene que los fondos Alba tienen que ser auditados y los resultados de sus operaciones tienen que ser incorporados al Presupuesto General de la República, tal y como lo ordena la ley.
