El presunto traficante de armas sirio Monzer al-Kassar fue extraditado ayer viernes a Estados Unidos, donde encara acusaciones de haber suministrado armas a las guerrillas comunistas de Colombia para atacar a ciudadanos estadounidenses, dijeron las autoridades.
Agentes de la DEA acompañaron el viernes a Monzer al-Kassar en un avión privado desde Madrid a Nueva York, donde comparecerá ante un juez federal de Manhattan.
Al-Kassar, nacido en Siria y residente desde hace años en España, fue detenido en Madrid en junio de 2007, acusado por Estados Unidos de conspirar para respaldar a terroristas, matar soldados estadounidenses, adquirir y utilizar cohetes antiaéreos, asociación ilícita para enviar armas a la guerrilla colombiana de las FARC, y lavado de dinero, entre otros delitos.
Al-Kassar “pensaba proporcionar armas legales por valor de millones de dólares a una organización terrorista extranjera, a fin de que fueran utilizadas para matar estadounidenses”, dijo el fiscal federal Michael García.
En junio del 2007, Estados Unidos dijo que en una operación clandestina, agentes encubiertos de la DEA convencieron a al-Kassar que representaban a las FARC en busca de misiles tierra-aire, lanzagranadas, ametralladoras y municiones.
Kassar discutió en su residencia de Marbella (España) los detalles de la operación con los dos presuntos compradores, y después de llegar a un acuerdo, activó sus contactos en Rumanía para fabricar allí las armas y dotarlas de la certificación pertinente para que la transacción pareciese legal y tenía por destino Nicaragua.
García dijo que al-Kassar fue extraditado “como resultado de la extraordinaria cooperación con nuestros socios internacionales policiales”. En esa operación que dio como resultado la detención de al-Kassar colaboraron las policías de España, Nicaragua y Rumanía.
La Audiencia Nacional española aprobó la extradición en octubre, y luego de una serie de apelaciones el Gobierno la ratificó definitivamente la semana pasada.
Como condición para la extradición, Estados Unidos aceptó que en caso de hallarlo culpable, no lo condenará a muerte ni a prisión perpetua sin libertad condicional, penas vedadas por la ley española, dijo el vocero de la embajada, William Ostick.
En su apelación, al-Kassar argumentó que los cargos en su contra eran de dudosa legitimidad y que Estados Unidos lo perseguía por motivos racistas y políticos. Los jueces rechazaron el argumento, señalando que era un notorio traficante desde los años setenta y habría proporcionado armas a grupos armados en Nicaragua, Brasil, Bosnia, Irán e Irak, entre otros países.
