La administración del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) fue denunciada por fraude contra el Estado de Nicaragua, porque mensualmente desembolsa más de cincuenta mil córdobas en concepto de salarios y otras prestaciones salariales a trabajadores que no laboran en la institución.
Lo más grave, según la denuncia, es que los trabajadores beneficiados no están cumpliendo con sus labores, porque la misma administración del MTI se los impide.
Según la denuncia interpuesta en la Contraloría General de la República (CGR), los seis trabajadores que están recibiendo dinero del erario fueron suspendidos temporalmente, pero el Ministerio del Trabajo (Mitrab) y el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) los mandó a restituir en sus puestos.
Sin embargo, la administración del MTI no los restituye, y más bien sigue pagando a los funcionarios que por el momento no cumplen con sus funciones.
“Están cometiendo una falta muy grave al tener suspendidos de sus funciones de trabajo de manera arbitraria e ilegal a servidores públicos (...) No se puede estar pagando salarios sin que dichos servidores públicos efectúen el trabajo por el cual fueron contratados por el MTI”, dice la parte central de la denuncia interpuesta por la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público (Fedetrasep).
Además de los seis trabajadores suspendidos y amparados por el TAM y el Mitrab, el MTI mantiene suspendidos a otros 12 funcionarios. En total serían 18 los funcionarios suspendidos, y la mayoría de ellos pertenecen a las dirigencias sindicales, indicó Álvaro Leiva, secretario general del Sindicato de empleados del MTI Andrés Castro.
“La administración del MTI demuestra un irrespeto a nuestros derechos como trabajadores, como sindicalistas y como ciudadanos. Nosotros queremos que se apliquen las medidas necesarias, para evitar más atropellos”, agregó Leiva.
Aunque la administración del MTI no ha querido referirse a la denuncia, el vicetitular de esa cartera, Fernando Valle, ha defendido en varias ocasiones que la suspensión de los trabajadores responde a sanciones por faltas laborales, por lo cual los casos se mantienen en análisis.
El artículo siete de la Ley 438, de probidad, establece que los servidores públicos están “obligados” a vigilar, salvaguardar y cuidar que el patrimonio del Estado sea utilizado debidamente de conformidad a los fines a que se destinan. Sin embargo, el MTI paga más de cincuenta mil córdobas mensuales a seis empleados que no están desempeñando sus funciones en el ente estatal.
