Las armas que estaban en poder de un grupo de trabajadores de la finca El Encanto, en La Cruz de Río Grande, donde el pasado 21 de mayo tres personas murieron tras la incursión de una patrulla combinada en un incidente que es investigado por la Fiscalía, fueron decomisadas por la Policía Nacional, conoció LA PRENSA extraoficialmente.
Las armas estaban inscritas en la Policía de Boaco a nombre de uno de los tres socios de esa propiedad ubicada en la Región Autónoma Atlántico Sur, quien aparentemente violentó lo establecido en la Ley 510, Ley Especial para el Control y Regulación de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales.
LA PRENSA conoció que existe un informe elaborado por la Dirección de Armas, Municiones y Explosivos y otros Materiales (DAEM), de la Policía Nacional, a través del cual se ordena incluso la cancelación de la licencia de portación de armas al productor Felipe Hurtado, uno de los socios de El Encanto.
Esto significa, de acuerdo con la resolución de la DAEM, que Hurtado además está obligado a entregar otras armas que pudieran estar en su poder. Hurtado no pudo ser localizado para consultarle sobre la medida.
LA PRENSA consultó al Subdirector de la Policía Nacional, comisionado general Carlos Palacios, quien confirmó la existencia del informe.
Dicho informe, según se conoció, refleja que en sus investigaciones la Policía determinó que Hurtado cometió una serie de infracciones según lo establecido por la Ley 510, al entregar las armas a terceras personas, sin estar autorizado. Además no informó a las autoridades del traslado de las armas, lo que a su vez representaba una renovación de licencia de portación.
Las investigaciones de la Policía determinaron que Hurtado se ha visto involucrado en incidentes, donde supuestamente ha hecho uso indebido de las armas de fuego.
En el incidente ocurrido en la finca El Encanto resultaron muertos José Miguel Salazar, Santos Reyes y Marvin López, y herido un soldado del Ejército.
