El Congreso nicaragüense aprobó ayer en lo general una Ley de Transparencia de las Entidades Públicas, que obliga al Estado y sus dependencias a informar a la brevedad sobre el uso de sus presupuestos, préstamos, donaciones y cooperaciones.
La ley, sin embargo, apenas podrá controlar un máximo del cincuenta por ciento de la polémica cooperación venezolana, debido a que el otro cincuenta por ciento es destinado a empresas privadas, según reveló semanas atrás el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez.
El representante por el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Víctor Hugo Tinoco, calificó la iniciativa como “un pañuelazo perfumado” a los “chorros de petróleo” que administra el presidente Daniel Ortega, como parte de la cooperación venezolana.
“Esta ley está agarrando a pañuelazos perfumados los chorros de petróleo que recibe Daniel Ortega”, manifestó Tinoco.
El presidente de la Comisión Económica, el liberal Francisco Aguirre Sacasa, defendió la ley al decir que es tan buena como cualquier otra en la región.
“Lo que habría que preguntarse es si existe un Estado de Derecho en Nicaragua”, añadió Aguirre Sacasa.
“Decir que esta ley es un pañuelazo es una manera de desvirtuarla”, continuó Aguirre Sacasa.
Tinoco ripostó diciendo que una ley que en verdad podría controlar los fondos petroleros de Venezuela, es una en la que el parlamento nombraría con mayoría simple a la junta directiva de la estatal Petronic.
EL PAÑUELAZO
En tanto, Carlos Langrand, de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), cuestionó al Gobierno por no rendir cuentas de la ayuda venezolana.
Langrand, oriundo de León, también criticó al asesor económico del Presidente, Bayardo Arce, quien comparó la Cuenta del Reto del Milenio de Estados Unidos con la cooperación venezolana.
“Arce dice que Estados Unidos destina fondos fuera del presupuesto con la Cuenta del Reto del Milenio, de 175 millones de dólares, como lo hace Hugo Chávez”, recordó Langrand.
“Hay una imprecisión, porque en la Cuenta Reto del Milenio y sus 175 millones de dólares hay 22 alcaldes sandinistas que tienen voz y voto y hay una junta directiva que decide cómo se va a invertir el dinero”, continuó.
“La cooperación venezolana, el gobierno la está usando como clientelismo político, sin pasar por el control del Estado, porque si pasara por el presupuesto, seis por ciento iría para los estudiantes, cuatro por ciento a la Corte Suprema, y ocho por ciento a las municipalidades”, dijo Langrand.
