Magistrado se defiende El magistrado liberal Luis Benavides desestimó que la resolución que cancela la personalidad jurídica del PC y del MRS sea una decisión política tomada por las cúpulas de los partidos mayoritarios. “No puede haber ilegalidad para que haya gobernabilidad, sino que tienen que ser ambas cosas iguales; el CSE actúo en estricta independencia, nosotros no hemos recibido ninguna orientación de nadie, sino que hemos leído atentamente el expediente, hemos visto las comunicaciones enviadas a esos partidos”, indicó Benavides. Dijo que eso es una “percepción equivocada” de la gente, como resultado de las publicaciones de algunos medios de comunicación que “han lanzado ese tipo de ideas, y el pueblo en forma inocente, ingenua, así lo cree”. Para Benavides, uno de los problemas es que los representantes legales de las organizaciones políticas no están al tanto de las observaciones que les hace en determinado momento la Dirección de Atención a Partidos Políticos de ese Poder del Estado. “Éstos (representantes legales) hacen caso omiso, es decir, no toman las cosas con la seriedad del caso, ese es el gran problema; cuando los partidos políticos tienen representantes legales que no están al tanto de la Ley Electoral y con todo lo que el CSE les está pidiendo y exigiendo, entonces ahí están los resultados”, subrayó Benavides. Recordó que los partidos políticos son instituciones de derecho público, que tienen deberes y derechos que cumplir, pero cuando no cumplen los mismos, como era el caso de las agrupaciones afectadas, entonces se aplica la ley. El magistrado Benavides desestimó que la resolución emitida por el CSE vaya a provocar una percepción negativa de parte de la ciudadanía y del resto de partidos que participan en la contienda electoral, porque, a su juicio, simplemente se apegaron a lo establecido en la Ley Electoral.

En Nicaragua el Consejo Supremo Electoral (CSE) tiene dos caras: una para los partidos mayoritarios, FSLN y PLC, con quienes es complaciente, y otra para los opositores, a quienes aplica toda la rigurosidad de la ley, admitieron ayer varios diputados del congreso nicaragüense.

El CSE permitirá en las próximas semanas que el FSLN inscriba candidatos en tres municipios de Atlántico Norte, ya que no lo hizo en el período correspondiente.

En las últimas semanas impulsó una serie de medidas contra organizaciones que no están a la medida de los pactistas.

“Lo que tenemos es un Consejo que es una oficina que administra las decisiones que adoptan el danielismo (Daniel Ortega) y el arnoldismo (Arnoldo Alemán). Ellos se reúnen, deciden y el Consejo simplemente ejecuta, sin apego absoluto a la Constitución, Ley Electoral ni a ninguna otra ley. Los magistrados son peones, son lacayos de ese binomio y no ofrecen ninguna calidad sus funciones”, denunció la diputada por el Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), Mónica Baltodano.

Hasta el jefe de bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Maximino Rodríguez, aceptó que el CSE mide con distintas varas a los partidos políticos.

Para Rodríguez, Alternativa por el Cambio (AC) no debería participar en los comicios venideros, a causa de que no obtuvo ni siquiera el uno por ciento de los votos en las elecciones del 2006.

“Eso significa que no puede estar corriendo en las elecciones municipales, pero como es apéndice del FSLN, allí está corriendo y es la que lleva mayor participación en los Consejos Electorales Departamentales, en las Juntas Receptoras de Votos, porque son quinta columna del FSLN”, apuntó Rodríguez.

En tanto, el diputado por el FSLN, José Figueroa, manifestó que el CSE tomó una decisión y debe ser respetada, mientras el liberal Wilfredo Navarro acusó al MRS y al PC de ser minorías que “quisieron jugar en grandes ligas o que pretendieron jugar al futbol con seis jugadores, cuando se necesitan once”.

DECISIÓN POLÍTICA

Para el director ejecutivo del Instituto para la Democracia y el Desarrollo (Ipade), Mauricio Zúñiga, la cancelación de la personalidad jurídica del PC y del MRS es una decisión política y no apegada a Derecho.

Agregó que si hubiera una revisión jurídica basada en la ley, todos los partidos, incluso los mayoritarios, reflejarían problemas de diversa índole.

Ipade emitió un pronunciamiento en el que plantea que la resolución “es sumamente grave, exte mporánea, usando argumentos que son débiles y muy debatibles”.

Señala que esto representa un golpe a la credibilidad, transparencia e imparcialidad del CSE y afecta el fundamento constitucional del pluralismo político efectivo.