Buenos Aires (AIPE)— La Cumbre Mundial de la Alimentación se desarrolló en la sede de la FAO en Roma, frente al Circo Máximo, donde los leones se comían a los cristianos. Algo que, enfrente, sigue sucediendo. Además de unos 3,500 burócratas con altos salarios del organismo, cientos de delegados de 191 países viajaron y comieron grandes y opíparas cenas, pagadas con los impuestos de los ciudadanos.
Ahora, estos impuestos, coactivamente recaudados por los gobiernos, recaen con más fuerza sobre los débiles. Los empresarios, por caso, que voluntariamente no quieren pagar, derraman las cargas tributarias: suben precios, bajan salarios o dejan de invertir demandando menos mano de obra.
Y los pobres siempre pagan. Luego tienen hambre, entonces el Gobierno cobra más, para asistencialismo. Dinero quitado que termina en corrupción o sueldos de burócratas y sólo una parte les llega a los pobres. Es la “redistribución de la riqueza” que promueve el estatismo.
El mercado, por el contrario, se basa en el acuerdo pacífico y voluntario. De aquí la eficiencia porque, al no ser coactivo, el comprador prefiere lo que compra al dinero que prioriza el vendedor, maximizando ambos su beneficio. Al ser voluntarios, el mercado prefiere las necesidades más imperiosas: nadie pagaría impuestos (voluntariamente) si no tuviera para comer.
El hambre no es natural, sino el resultado de los errores humanos, de los errores de los gobiernos que intervienen con todo tipo de “regulaciones” que impiden el natural desarrollo del mercado.
Desmintiendo al racionalismo (particularmente a Malthus), que pretende utilizar “la razón” para coactivamente imponer su construcción social por encima del desarrollo natural de las cosas, el mercado, gracias al desarrollo tecnológico, hoy produce mucho más alimentos, aún cuando se emplean menos personas (6 por ciento de los trabajadores contra 85 por ciento en 1850).
La cosecha mundial de granos superó las 1,600 millones de toneladas en 2007; 90 millones más que el récord histórico del 2006. Así, la producción crece en más del cinco por ciento anual, cuando la población lo hace al dos por ciento.
Esta producción no sólo podría alimentar a los casi siete mil millones de habitantes del globo sino que sobraría un alto porcentaje. Además, el ingreso real per cápita global crece al 4.3 por ciento anual. Pero resulta que 850 millones sufren hambre, demostrando que el problema es precisamente la “redistribución” coactiva efectuada por los gobiernos.
Según el diario londinense The Independent, familias, supermercados y productores ingleses descartan así 20 millones de toneladas de alimentos por un valor de 21 mil millones de libras esterlinas, lo que bastaría para eliminar el hambre en toda África durante un año. Lo que no dijo (para exculpar al mercado) es que esto sucede, básicamente, debido a regulaciones gubernamentales, como las referidas a “calidad y salubridad”.
Pero el Circo Máximo no tiene fin. Mientras que desde la tribuna oficial de la FAO (esta vez, con razón) se pedía la prudencia en los subsidios a los biocombustibles, cuya producción quita granos del mercado, Lula, uno de los mayores repartidores de subsidios, acusó con razón a los países ricos que subvencionan la producción agrícola.
El secretario general de la ONU rechazó las “limitaciones a la exportación” en algunos países que pueden “subir los precios”. Y escuchaba la presidente argentino cuyo gobierno impone impuestos a la exportación de casi 50 por ciento, mientras prohíbe la exportación de ciertos productos.
Argentina es el octavo productor mundial de alimentos y el quinto exportador mundial. Su sector agroalimentario es el más competitivo del mundo por su innovación, tecnología y productividad, a la par de EE.UU. Pero el actual Gobierno lo está destruyendo rápidamente, coerción violenta de por medio.
Mientras que la recaudación tributaria aumentó 52.4 por ciento en abril, hasta llegar a los $20,240.7 millones, la pobreza crece y ya incluye a más del 30 por ciento de la población, 11,500,000 personas. Si este dinero recaudado se repartiera entre los pobres, le tocaría a cada uno casi $1,800, con lo que dejaría de ser pobre, ya que la canasta básica cuesta $400, y sobraría para pagar la justicia, seguridad, educación y demás servicios gubernamentales.
