Las organizaciones democráticas de la sociedad civil deberían auspiciar que se haga un examen jurídico a fondo, de la resolución que dictó el Consejo Supremo Electoral (CSE) para cancelar la inscripción legal del MRS y el Partido Conservador. El examen exhaustivo de la resolución del CSE podría ser hecho por profesionales del Derecho independientes de los partidos políticos y del Estado, que los hay y son muchos.
Es cierto que la cancelación de las personalidades jurídicas del MRS y el PC es una cuestión esencialmente política. Tan es así que sus efectos inmediatos y fundamentales son: uno, que se ha liquidado legalmente a dos miembros muy importantes del cuerpo político pluripartidista de la sociedad nicaragüense; y dos, que se le ha negado el derecho de votar por sus opciones partidistas a una parte considerable del electorado nicaragüense. En realidad, esta decisión de los magistrados del Poder Electoral representa la voluntad de Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, quienes han pactado para privatizar en su provecho los espacios de participación política y restablecer el sistema de gobierno bipartidista, que fue característico de la dictadura somocista.
Pero por muy descarados que sean los magistrados del Consejo Supremo Electoral, no se atreven a reconocer públicamente que su decisión de cancelar las personalidades jurídicas del MRS y el PC obedece al motivo político antes mencionado. Los magistrados del CSE sólo esgrimen razones o pretextos legales, de manera que es muy importante que su controversial resolución no sólo sea cuestionada y rechazada desde posiciones propiamente políticas, sino también mediante un exhaustivo análisis legal que ponga en claro públicamente el trasfondo de esta trascendental decisión del Poder Electoral.
Se sabe muy bien, pero es necesario recordarlo, que el orden político de la sociedad y por lo tanto la existencia de los partidos — que son las instituciones de derecho público que dan forma a la voluntad política de los ciudadanos y los representan en y ante los poderes públicos—, se sustenta a su vez en el ordenamiento jurídico que rige la existencia del Estado. Esto significa que el orden político sólo puede funcionar normalmente si los ciudadanos y las instituciones respetan y acatan la ley. Sin embargo, para que sirva de manera real y efectiva como sustentación jurídica de un orden político pluralista y democrático, como es el de Nicaragua según la Constitución, tiene que ser una ley que garantice y fortalezca el pluralismo político, no que lo debilite ni que lo restrinja y mucho menos que lo liquide y sustituya con el régimen bipartidista. Además, los magistrados encargados de aplicar la Ley Electoral tienen que ser personas competentes, independientes y honestas, que protejan el pluralismo, no que lo corrompan ni que trafiquen con él.
En realidad, es absurdo que el Consejo Supremo Electoral haya cancelado la existencia legal de dos partidos que tienen incluso diputados en la Asamblea Nacional. La Constitución de Nicaragua en su artículo 5 establece que el pluralismo político es uno de los principios fundamentales de la nación nicaragüense. Y precisa la Constitución en ese mismo artículo, que: “El pluralismo político asegura la existencia y participación de todas las organizaciones en los asuntos políticos y sociales del país, sin restricción ideológica, excepto aquéllos que pretenden el restablecimiento de todo tipo de dictadura o de cualquier sistema antidemocrático”. O sea que si se tratara de aplicar la Constitución al pie de la letra, tendría que ser a los partidos de los pactistas Daniel Ortega y Arnoldo Alemán a los que habría que cancelar, porque son éstos los que a todas luces pretenden restablecer la dictadura bipartidista en Nicaragua e imponer un régimen autoritario bicéfalo arbitrario y corrupto.
A la democracia, la libertad y el pluralismo hay que defenderlos con todos los recursos que permita la ley, mediante la lucha cívica y democrática. El pluralismo y el pluripartidismo político responden a una realidad social que es diversa y plural. El pluralismo es un rasgo esencial de la cultura democrática y de la civilización occidental a la que pertenece la sociedad nicaragüense. El pluralismo político sobrevivió a las dictaduras somocista y sandinista y tiene que prevalecer también sobre la dictadura bipartidista y neosomocista, que ahora Ortega y Alemán tratan de imponer.
