La organización Provoto, que lucha para que todos los ciudadanos nicaragüenses que viven en el extranjero puedan tener cédula y votar en las elecciones nacionales, se ha convertido en una especie de piedra en el zapato del Consejo Supremo Electoral (CSE), Poder del Estado que en vez de ser un garante del pluralismo político y del derecho al sufragio universal, se ha convertido en su verdugo.
Precisamente el encono del CS E hacia Provoto, se debe a que esta organización ha denunciado públicamente la falta de voluntad e interés de las autoridades electorales para cedular a los ciudadanos nicaragüenses que residen en el exterior, e incluso a muchos de los que viven en el país, simplemente por ineptitud o porque no quieren hacerlo por cálculo político. Además, Provoto critica que el CSE niega información de interés público a los medios de comunicación social, particularmente al Diario LA PRENSA; señala que el presidente del Poder Electoral no quiere mostrar públicamente su declaración de probidad; acusa al CSE de discriminar a observadores electorales independientes, pero invita con gastos pagados a colegas y amigos que pertenecen a organismos electorales de otros países; y lo denuncia porque pretende sin justa causa eliminar la personalidad jurídica de varios partidos políticos.
Esas denuncias y críticas de Provoto al Consejo Supremo Electoral son correctas, justas y, por lo tanto compartidas por todos los sectores y personas democráticas del país. Y los magistrados electorales, que son empleados públicos pagados con los impuestos que el Fisco le quita a los nicaragüenses que trabajan y producen, en vez de molestarse por la crítica más bien deberían esforzarse en hacer bien su trabajo, en cumplir correctamente sus responsabilidades, en ser transparentes como manda la Constitución Política de Nicaragua y lo exige la ética del servicio público y del oficio gubernamental.
En realidad, la lucha de Provoto y de otras organizaciones cívicas que demandan la cedulación de todos los ciudadanos nicaragüenses de dentro y fuera del país, así como la implementación del derecho al voto de los que residen en el extranjero, cuenta con la simpatía y tiene el respaldo de la gran mayoría de la nación. Y no podría ser de otra manera, pues, como hemos razonado en otras ocasiones en las que nos hemos referido a este mismo tema, los nicaragüenses que viven fuera del país tienen derecho a poseer su cédula de identidad y a votar, por varias razones fundamentales.
La primera y más importante de esas razones radica en que el sufragio es el rasgo esencial de la ciudadanía. No se puede ser ciudadano sin el derecho de elegir a las autoridades de gobierno y de representación nacional. El voto es un derecho universal que pertenece a todos los ciudadanos, sin distinciones de clase social, situación económica, filiación política, creencia religiosa e ideológica o residencia dentro o fuera del país. Además, los nicaragüenses que viven en el exterior se han ganado el derecho a estar cedulados y a votar, con la inmensa contribución que hacen a la economía del país mediante las remesas familiares, que el año pasado fueron de 739.5 millones de dólares según el Banco Central de Nicaragua, o casi 1,000 millones de dólares de acuerdo con las estimaciones de Provoto.
Por otra parte, l a Constitución y la Ley de Identificación Ciudadana establecen por un lado la universalidad del sufragio y por otra parte el derecho de todos los ciudadanos a tener una cédula, aún los que viven en el extranjero. De manera que tal como dice Provoto, si el Consejo Supremo Electoral no cedula a los nicaragüenses que residen en el exterior ni les permite ejercer su derecho al voto, es porque no lo quiere hacer. Incluso el argumento de que no hay presupuesto para implementar la cedulación y el voto de los ciudadanos que viven en el extranjero, carece de validez porque los emigrantes nicaragüenses han ofrecido pagar los gastos que implique el cumplimiento de esas obligaciones del Estado.
Lo cierto es que mientras todos los nicaragüenses de dentro y fuera del país no tengan su cédula y los que residen en el extranjero no puedan votar porque se les niega ese derecho, en Nicaragua no habrá una verdadera democracia electoral. Y esta es indispensable para sustentar un auténtico Estado de Derecho y construir una sociedad más libre, justa y amable para todos los nicaragüenses.
