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Algunos wihtas (jueces de comunidades miskitas) llegaron a la sede del Consejo Regional Autónomo de la RAAN para declarar su oposición ante la creación de los CPC en sus territorios. (LA PRENSA/J. GARTH)
Jueces comunales contra CPC
Autoridades indígenas advierten que no permitirán esas organizaciones del FSLN en sus comunidades
Ex combatientes de Yatama amenazan con paralizar el transporte en Atlántico Norte
José Garth Medina
CORRESPONSAL/RAAN
departamentos@laprensa.com.ni
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Quiñónez teme castigo para PLC

El diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y candidato a la Vicealcaldía de Managua, Enrique Quiñónez, insinuó ayer que la población costeña castigaría a esta organización partidaria por la decisión de algunos diputados liberales de posponer las elecciones en los ocho municipios del Atlántico Norte hasta el 18 de enero de 2009.

El también presidente de la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos afirmó que ya advirtió a sus compañeros de bancada “que recen para ganar las elecciones en la Costa, porque si no, caerá sobre ellos que las perdamos”, debido a las molestias que generaría esa posposición entre los costeños.

Quiñónez valoró que la decisión de algunos de sus compañeros de bancada “es una violación a los derechos constitucionales del pueblo costeño” y lamentó que “desgraciadamente” varios miembros de su bancada apoyaron la posposición de los comicios.

Bloquearían vías

Indígenas de Yatama advirtieron ayer que están dispuestos a poner a mil ex combatientes en las carreteras Bilwi-Managua y Bilwi-Waspam, para cerrar el tráfico vehicular hasta que el gobierno de Daniel Ortega cumpla sus promesas. “Este gobierno no nos va a resolver hasta que comencemos a paralizar la región”, dijo el líder indígena Benigno Martínez.

Los wihtas o jueces nativos de las comunidades indígenas miskitas y barrios de la ciudad de Bilwi denunciaron que el Frente Sandinista (FSLN) pretende instaurar los Consejos del Poder Ciudadano en sus territorios, lo que no permitirán.

Faustino Garth, juez comunal de Bilwi, dijo que la intención de los sandinistas es instalar los CPC en barrios y aldeas y restarle poder a los wihtas, lo cual viola la Ley 445 que establece el respeto a las autoridades comunales en los pueblos y comunidades indígenas de la Costa Caribe nicaragüense.

“Nosotros estamos totalmente en contra de los CPC porque ya nos amenazaron con que nos van a estar vigilando en los barrios y eso no lo vamos a permitir, porque es volver a recordar a los CDS (Comités de Defensa Sandinista) que funcionaron en los años ochenta”, declaró Héctor Poveda, wihta de uno de los barrios de Bilwi.

El wihta es la máxima autoridad tradicional en las comunidades miskitas.

El reclamo de los jueces fue llevado por el gobernador de la Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN), Reinaldo Francis Watson, al plenario del Consejo Regional, cuya XI sesión ordinaria concluyó ayer.

Francis señaló que en las comunidades prevalecerá la estructura ancestral de los pueblos indígenas, y los CPC son rechazados porque violentan esa forma de organización comunal.

NO LES HAN PERMITIDO ASENTARSE

Guillermo Espinoza, secretario político del FSLN y miembro del Consejo Regional, refutó los señalamientos del gobernador y aseguró que los CPC no se están formando en los barrios y comunidades indígenas de la región, porque en cada barrio y comarca tienen sus estructuras partidarias con más de 25 años de existencia.

Los wihtas explicaron de inmediato que si en las comunidades indígenas del Caribe Norte todavía no existen los CPC es porque los líderes comunitarios se han opuesto a que los formen.

EX COMBATIENTES EXIGEN CUMPLIMIENTO

Por otro lado, el líder de los ex combatientes de la organización indígena Yatama en la Costa Caribe, Benigno Martínez, amenazó con paralizar el transporte terrestre en la Región Autónoma Atlántico Norte, si el gobierno de Daniel Ortega no cumple con una serie de compromisos que adquirió con ese sector, luego del huracán Félix que golpeó este territorio en septiembre pasado.

Según Martínez, Lumberto Campbell (coordinador del Consejo de Desarrollo de la Costa) prometió canalizar ante el Gobierno Central las demandas de la ex resistencia indígena de Yatama, de viviendas y financiamiento para equipos y aperos de pesca.

Sin embargo, dos meses después de que Campbell asumiera ese compromiso, no hay una respuesta a sus peticiones.

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