México vive azotado por una guerra de “todos contra todos” entre los cárteles de la droga que se disputan la plaza local y el tráfico a Estados Unidos con una ferocidad inusitada y armas sofisticadas, y enfrentados a 36,000 militares que tienen muchas batallas por delante.
“Vamos ganando, aunque no parezca”, dijo hace días el Procurador General de la República, Eduardo Medina, al dar cuenta del clima reinante en una sociedad ya acostumbrada a los partes diarios de decenas de muertes violentas por acciones atribuidas al crimen organizado.
Ejecutados, decapitados, cuerpos atados y torturados con mensajes contra bandas rivales o policías y anuncios callejeros amenazadores conforman la geografía de la violencia en varios estados de México, en una escalada que en el transcurso del año dejó 1,378 muertos hasta finales de mayo, 47 por ciento más que en igual período de 2007.
El martes, seis hombres, incluidos dos policías, fueron ejecutados a balazos en el estado de Chihuahua (norte) en hechos atribuidos a ajustes de cuentas de grupos del crimen organizado.
Un hombre, identificado como policía ministerial (investigador), fue ejecutado a balazos la mañana de ayer cuando se disponía a abordar su automóvil en Ciudad Juárez, informó la Secretaría de Seguridad Pública local.
La Procuraduría de Justicia de Chihuahua informó que un policía ministerial fue baleado por un grupo de desconocidos en la ciudad de Chihuahua.
“Uno de los sicarios bajó de la camioneta y disparó a la cabeza y cuerpo del elemento para luego huir y dejar abandonado este vehículo cuadras adelante, ya que el policía alcanzó a disparar y averió las llantas de la unidad”, añadió el informe de la Procuraduría.
La violencia ligada al narcotráfico en Ciudad Juárez, donde los cárteles de Juárez y Sinaloa se disputan el trasiego a Estados Unidos, ha dejado más de 500 muertos en lo que va de 2008.
Para combatir el narcotráfico, el Gobierno Federal mantiene en distintos puntos del país un despliegue de más de 30 mil militares y miles de policías federales.
Tras asumir el cargo en diciembre de 2006, el presidente Felipe Calderón se propuso “rescatar todas las regiones azotadas por los narcos”, una difícil meta tras seis años de operativos con escasos resultados durante el gobierno de su antecesor, Vicente Fox, el primer representante del Partido Acción Nacional (derecha) que llegó al poder.
Ese período fue aprovechado por los cárteles para ampliar una compleja red de complicidades con policías y funcionarios de distintos niveles y armar ejércitos de sicarios que hoy se enfrentan a sangre y fuego en las calles de urbes como Culiacán (noroeste) y Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos.
“En el pasado los cárteles actuaban de forma silenciosa, y no necesitaban trasladar la guerra a las calles. Además, ahora hay una ofensiva con todos los recursos del Gobierno actuando más coordinadamente y el presidente les declaró la guerra”, dijo Raúl Benitez Manaut, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Autónoma de México (UNAM).
Según el experto, los cárteles mexicanos han incrementado su poder, entre otras causas, por el debilitamiento de las bandas colombianas, lo que posibilitó que “los mexicanos poco a poco se fueran adueñando de las rutas y sean los introductores de la cocaína que se dirige a Estados Unidos”.
Ello se ve facilitado, agregó, por “la corrupción de muchos funcionarios del nivel operativo, que facilitan el ingreso, tránsito y exportación de la droga de México a Estados Unidos”.
Calderón ha reclamado a Estados Unidos una corresponsabilidad en el combate al tráfico de drogas y atribuyó la violencia en la frontera a que ese país es el mayor mercado mundial de cocaína, donde hay 6 millones de consumidores. De Estados Unidos proviene además cerca del 80 por ciento de las armas que utilizan las organizaciones criminales.
