Tanto la Policía como el Ejército prefieren no comentar el informe conclusivo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que determinó que en la finca El Encanto, en La Cruz del Río Grande, hubo ejecuciones arbitrarias, donde tres personas murieron, al incursionar a esa propiedad una patrulla combinada el pasado 21 de mayo. Ambos prefieren esperar la investigación que realiza el Ministerio Público.
“Yo respeto lo que diga el Cenidh”, dijo a LA PRENSA la directora de la Policía, primera comisionada Aminta Granera, quien en los últimos días no había aparecido en público. Pero aclaró no es que la han mandado a callar, como se ha especulado.
La jefa policial dijo que en el caso de El Encanto, ya entregaron un informe al Ministerio Público, pero también realizan otro paralelo a través de la Dirección de Asuntos Internos de esa institución “y vamos a llegar a nuestras propias conclusiones”.
Por su parte el jefe del Estado Mayor del Ejército, mayor general Julio César Avilés Castillo, expresó que “vamos a esperar lo que dice la Fiscalía (...) las conclusiones nosotros las vamos a asumir”, tras considerar los hechos de semanas atrás como aislados y no como una política institucional.
En las conclusiones del informe emitido el viernes pasado, el Cenidh señala que la intensidad de fuego realizado por los agentes del Estado, demuestra la fuerza extrema e irracionalidad de dicha actuación, por lo que el Cenidh reitera que se trató de una ejecución arbitraria, en violación al derecho a la vida de los trabajadores José Miguel Salazar, Santos Reyes y Marvin López. Por lo que considera que el Estado tiene la obligación de reparar los daños y perjuicios causados con la privación arbitraria de la vida por parte del Ejército y de la Policía.
HECHOS AISLADOS
“Estamos por el respeto a la vida, el derecho a las personas y tratamos en todo momento de contribuir desde nuestro actuar en todos los ámbitos en todo el largo y ancho del territorio nacional, a contribuir al bien común al desarrollo de esta nación”, manifestó ayer Avilés.
El funcionario militar expresó que “esos son hechos aislados y nosotros estamos esperando que concluyan las investigaciones que está realizando el Ministerio Público (...) estamos dispuestos a sumir responsabilidades si así las hubiera, o a tomar las medidas correspondientes con responsabilidades personales si también existiesen”.
Refirió Avilés que esa institución tiene la responsabilidad, encomendada por toda la nación al depositar las armas en sus manos. Es por eso que desde que inician la preparación de soldados, suboficiales y oficiales, abordan una serie de temas relacionados con los derechos humanos, dijo.
“Y en las unidades militares impulsamos un proceso de refrescamiento, para crear conciencia alrededor de cómo deben actuar en las operaciones que se realizan”, apuntó Avilés.
En rápidas declaraciones a los periodistas, el Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, dijo que el informe sobre las investigaciones efectuadas por esa institución podrían estar listas a más tardar en 15 días.
En su informe el Cenidh criticó que en este caso hubo tratamiento discriminatorio, pues los dueños de la finca El Encanto habían denunciado previamente a un grupo de personas por el delito de abigeato, contra los cuales se ordenó captura sin que la Policía la hiciera efectiva.
La Policía, en vez de cumplir su obligación de captura, posteriormente atendió diligentemente la otra denuncia sin tener orden de captura ni de allanamiento, realizando el ilícito e inconstitucional operativo, refiere el Cenidh.
