Hasta ayer la Dirección de Seguridad de Tránsito de la Policía Nacional no había sido notificada sobre la resolución emitida el viernes por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, a través de la cual mandaban a los transportistas dueños de afianzadoras, a convertirlas en aseguradoras, para que puedan emitir los seguros establecidos en la Ley 431, Para el Régimen de Circulación Vehicular.
En la resolución emitida el viernes de la semana pasada, esa Sala determinó “no ha lugar”, a un recurso de amparo introducido en fechas pasadas por las federaciones de transporte con afianzadoras, en contra de una resolución de la Superintendencia de Bancos (SIB) que las considera ilegales.
El jefe de Tránsito, comisionado mayor Denis Morales, dijo que hasta ayer, asesoría legal no ha sido notificada por la Corte Suprema de Justicia, sobre la resolución, por lo que mientras no sean notificados no pueden tomar ninguna determinación.
“Hasta este momento las cosas siguen igual, mientras no me notifiquen oficialmente”, expresó el jefe policial.
En la edición de LA PRENSA del martes, el vicepresidente de la CSJ y miembro de esa Sala, Rafael Solís, refirió que con la sentencia, desde el viernes las afianzadoras dejaron de existir y sugirió a la Policía Nacional que comience a citar a las afianzadoras para hacerles ver que están ilegales y que apuren todos sus trámites para que se conviertan en aseguradoras.
Morales señaló que únicamente han conocido de la resolución a través de las publicaciones de LA PRENSA; por medio de la cual conocieron las opiniones del magistrado Solís, pero mientras no tengan un documento oficial no pueden citar a los representantes de las afianzadoras.
Para Morales, lo lógico es que la resolución fuera remitida a toda las partes interesadas, por lo que debieron notificar al Ministerio del Transporte, Superintendencia de Bancos y a la Policía Nacional.
SEIS MESES DE ESPERA
Mientras tanto, Francisco Fonseca Urbina espera que se le haga justicia.
Desde hace seis meses gestiona que la Afianzadora Cecotraín, la pague los daños causados en un accidente por un vehículo taxi que prestaba servicio en Masaya el pasado primero de enero.
Fonseca dice que en reiteradas ocasiones ha recurrido a la afianzadora, sin que hasta ahora le digan cómo le pagarán los 40 mil córdobas, por los daños sufridos.
Fonseca manifestó que ha recurrido a las autoridades de Tránsito, a la directora de la Policía, primera comisionada Aminta Granera. Fonseca se preguntó cuál es la actuación de la Policía en estos casos, pues nadie le ha explicado cuál es el procedimiento utilizado para hacerlas pagar a los perjudicados.
“Me siento impotente y con riesgo de perder mi plata”, sostuvo Fonseca.
El caso de Fonseca Urbina no es el único. Según declaró recientemente el director del Instituto Regulador del Transporte Municipal de Managua (Irtramma), Francisco Alvarado, los afectados por accidentes con unidades de transporte eran los más perjudicados.
En Nicaragua funcionan seis afianzadoras de transportistas. Cuatro de esas empresas se constituirán en una sola aseguradora, para vender los seguros de ley exclusivamente para el sector transporte.
Los dirigentes de las otras dos afianzadoras aseguraron estar dispuestos a unirse en una sola afianzadora para abastecer al sector.
