A pesar de que en este mes de junio se debe elegir nuevas autoridades a lo interno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los cambios podrían ser mínimos, porque los magistrados aparentemente han acordado que la presidencia de la Corte continúe en manos de un liberal, mientras las Salas Penal y de lo Constitucional a cargo de sandinistas.

El magistrado Rafael Solís indicó que a los sandinistas no les importa que Manuel Martínez sea reelecto como magistrado presidente, pero con la condición de que en esta semana se apruebe toda la normativa de la Ley de Carrera Judicial, porque “ya hay mucha presión de la comunidad internacional, los donantes nos dijeron que si no se aprobaba la normativa no sólo suspendían la ayuda a la Corte, sino a todo el país”.

Según Solís, serían más de 130 millones de euros los que están en juego si no se aprueba dicha normativa. “Hay una responsabilidad no sólo para con el Poder Judicial, sino con el país mismo”, dijo.

Martínez señaló que con nueve votos se aprueba la normativa, pero lo que más se necesita es “consenso” para que no ocurra igual que con el nuevo Modelo de Gestión de Despacho Judicial que ha sido atacado por diversos sectores.

El liberal Martínez quedaría como presidente de la Corte y en caso de no ser reelecto en julio como magistrado, le entregaría el cargo a su sucesor. El sandinista Francisco Rosales se mantendría al frente de la Sala de lo Constitucional, y su correligionario Armengol Cuadra al frente de la Sala de lo Penal.