El Fondo Monetario Internacional (FMI) suspendió a mediados de mayo pasado el primer desembolso de 39 millones de dólares, de un total de 111 millones autorizados como préstamos concesionales para Nicaragua, en los próximo tres años. Ese desembolso fue suspendido porque Nicaragua no se ajustó al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de manera que ahora se encuentra en el país una misión técnica de dicho organismo, que ha venido a “evaluar si el gobierno de Daniel Ortega está cumpliendo con el programa económico y decidir si hace el primer pago (desembolso) de 39 millones de dólares”, tal como reportó el viernes pasado la agencia internacional AFP e informó el Diario LA PRENSA.
Ya a mediados de mayo pasado, cuando informó sobre la suspensión del desembolso del FMI, el presidente del Banco Central de Nicaragua, Antenor Rosales, adelantó que el objetivo de esta misión técnica sería “revisar la situación del sistema financiero nacional y sobre todo (conocer) cuáles son las proyecciones económicas del Gobierno”.
Pero la verdad es que desde entonces no ha habido ningún avance real en el cumplimiento de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional, que fueron propuestos por el mismo gobierno de Daniel Ortega, según su gusto y de su propia iniciativa. Y esto es necesario subrayarlo, porque el presidente Ortega y sus seguidores siempre han dicho que los acuerdos con el FMI son impuestos por este organismo financiero internacional, al que se le acusa de ser un instrumento del neoliberalismo y del imperialismo norteamericano y mundial.
Realmente, en vez de acciones positivas de política económica, lo que ha hecho el gobierno de Daniel Ortega es empeorar el clima de negocios del país, aumentar la inseguridad jurídica, desalentar a los inversionistas extranjeros e incrementar la discrecionalidad y la corrupción gubernamental. Para comprobarlo basta mencionar el hostigamiento a la empresa española Barceló-Montelimar —que ha seguido al acoso contra la ESSO y Unión Fenosa—; el cierre de empresas de zonas francas por la falta de condiciones apropiadas para seguir operando en el país; el ocultamiento de la información sobre los beneficios de la cooperación petrolera venezolana; el incumplimiento de los requisitos legales de licitación para las adquisiciones y contratos del sector público; la utilización también discrecional de los fondos del Seguro Social para financiar proyectos de empresas privadas vinculadas al gobierno de Ortega, etc., etc.
Por otro lado, la inflación ha seguido aumentando de manera incontenible a pesar de la promesa que en mayo pasado hizo el presidente del Banco Central, de que la tendencia inflacionaria se mantendría controlada “para que no supere el 10 por ciento al finalizar el año 2008, a diferencia de lo ocurrido en 2007, cuando totalizó 16.88 por ciento”, según reportó entonces la agencia de noticias DPA. Sin embargo, la inflación subirá este año al menos hasta 19 por ciento, de acuerdo con la estimación de la revista británica The Economist, en tanto que el crecimiento de la economía será menor que el del año pasado. Y si bien es cierto que el aumento en el precio internacional del petróleo impacta en la economía de Nicaragua, la inflación es mayor aquí que en los demás países centroamericanos por la desacertada e ideologizada política económica orteguista.
Sin duda que el presidente Daniel Ortega es consciente de que su gobierno ha empeorado la situación económica del país, en vez de mejorarla. Seguramente por eso fue que el sábado pasado afirmó, durante una comparecencia pública, que “la economía de Nicaragua va a caminar con o sin el Fondo Monetario Internacional”.
Al parecer Ortega cree que con la cooperación del presidente venezolano Hugo Chávez, más la prometida ayuda del presidente de Irán, va a resolver los problemas de Nicaragua. Sin embargo Chávez ni siquiera ha podido cumplir su promesa de resolver el abastecimiento de urea para la agricultura nicaragüense; y las promesas de Irán se han ido sólo en palabras.
En realidad, lo único que la misión técnica del Fondo Monetario Internacional podrá constatar durante su estadía en Nicaragua, es el desastre económico al que el gobierno de Daniel Ortega está conduciendo al país, a pasos agigantados.
