Las entidades microfinancieras consideran suspender los desembolsos de créditos en sucursales de diferentes municipios del norte de Nicaragua, informó ayer Alfredo Alaniz, presidente de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas (Asomif).
Esto sería consecuencia de las presiones que hacen dirigentes de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) contra microfinancieras, con la intención de evitar el pago de deudas.
El problema ha llegado al grado de que han amenazado a los cobradores de estas entidades, en municipios como Jalapa y Ocotal, donde estas organizaciones encabezadas incluso por candidatos a alcaldes y concejales están instando a los deudores a no pagar sus deudas.
“Se trata de un movimiento de morosos que, tratando de politizar su problema, buscan movilizar a grupos para que presionen apoyados por los coordinadores departamentales de los CPC”, agregó Alaniz.
Las entidades de la Asomif han colocado 124 millones de dólares en diferentes zonas productoras del país, y el 40 por ciento corresponde a los departamentos del norte del país.
Ante el acoso, los gerentes de las sucursales de esos municipios se reunieron y decidieron que, si la situación continúa, restringirán el crédito, entregando sólo a aquellos clientes que tengan un buen récord crediticio.
“En el país han cambiado las cosas desde los años ochenta y no pueden haber las reestructuraciones que piden estos productores”, afirmó Alaniz al referirse a las condonaciones masivas que se daban durante esa década.
Gabriel Solórzano, gerente general de Findesa, una de las financieras afectadas en Jalapa, aseguró que “en la zona Norte, Ocotal, Jalapa y Wiwilí tienen un poco de afectación, por lo que se están tomando medidas”.
Agregó que esta situación se verá reflejada en los futuros desembolsos para el sector, de Findesa.
