Usurpación de atribuciones y abuso de autoridad, así como violación a la Constitución Política de la República, son los delitos en que, según la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), incurrieron los siete miembros del Consejo Supremo Electoral (CSE), al postergar las elecciones municipales en tres municipios de la Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN).
Por los mismos motivos, José Venancio Berríos Sáenz introdujo ante la Fiscalía una denuncia similar en su carácter personal.
La denuncia fue presentada ante la fiscal especial Blanca Salgado, quien manifestó que esta es la primera denuncia de carácter electoral que reciben en lo que va del año.
“Tengan la plena seguridad de que se le va a dar respuesta”, expresó Salgado.
En la exposición de los hechos de ambas denuncias, mencionan que el pasado cuatro de abril los magistrados del CSE emitieron una resolución a través de la cual postergan, hasta el último domingo de abril del 2009, las elecciones municipales en los municipios Prinzapolka, Waspam y Puerto Cabezas, lo que consideran violatorio a los derechos constitucionales y políticos de los pobladores de esos municipios, pues no hubo una previa aprobación de reforma a la Ley Electoral.
En las denuncias mencionan a los magistrados Roberto Rivas, en su calidad de presidente; Emmet Lang, como vicepresidente; y a José Miguel Córdoba, Luis Benavides Romero, René Herrera y José Marenco Cardenal, a quienes atribuyen ser los presuntos autores intelectuales y autores directos de los delitos mencionados.
RIVAS RESPONDE
“Yo creo que esta comisión (CPDH) primero debería de solventar su situación con la justicia nicaragüense y debería de aclarar por qué la Embajada (de Nicaragua en Washington) le dio todas las facilidades, en tiempos del embajador Salvador Stadthagen, para ir a presentar acusaciones contra candidatos en este país; debería de explicarle al pueblo de Nicaragua por qué fue el carro del embajador, con el conductor pagado por el Gobierno de Nicaragua, a recibirlo; y porqué fue llevado a hoteles por esta gente”, dijo Roberto Rivas al enterarse de la denuncia presentada.
La CPDH “debería de explicar por qué fue recibido por funcionarios del Departamento de Estado, llevados por este embajador; yo creo que por ahí debería de empezar la CPDH para poder tener autoridad moral para comenzar a ver algún tema”, añadió Rivas.
