En el Seminario-Foro Debate sobre la Unión Europea y Centroamérica, organizado recientemente en la Universidad Americana, escuchamos una variada gama de puntos de vista acerca del proceso de integración regional y el futuro de las relaciones con Europa, en el contexto de las negociaciones de un Acuerdo de Asociación. Lanzadas en Viena, hace dos años, las negociaciones de este Acuerdo representan un salto cualitativo en las relaciones europeo-centroamericanas, al añadir a la clásica díada del diálogo político y la cooperación, las negociaciones de región a región de una Zona de Libre Comercio.
Hubo amplias coincidencias en que estas negociaciones representan una oportunidad, no sólo para ampliar el comercio y las inversiones, sino para revisar a profundidad el camino hasta hoy recorrido por nuestros países, en el marco del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), creado por el Protocolo de Tegucigalpa de 1990.
La Unión Aduanera Centroamericana no sólo representa un requerimiento técnico que facilitaría enormemente la futura zona de libre comercio con Europa, sino una deuda histórica de los gobiernos con los pueblos centroamericanos, una meta pendiente de cumplimiento desde hace 47 años, cuando se firmó en Managua el Tratado General de Integración Económica Centroamericana, en 1960. El Tratado Marco de Unión Aduanera, firmado el pasado diciembre en Guatemala en respuesta a la insistencia europea, es un artilugio para salir del impasse y no añade nada nuevo: repite lo ya dicho por el Protocolo de Guatemala de 1993 y establece tres etapas, pero sin nuevos compromisos ni plazos. La Unión Aduanera representa el salto cualitativo que la región requiere, a fin de superar el confuso, asistemático y disperso proceso de coordinación y diálogo intergubernamental a que hasta hoy se ha limitado, y adentrarnos por la senda de la verdadera integración funcional.
Menos justificable es la negativa de algunos países centroamericanos a adherirse al Tribunal Penal Internacional. Un artículo recientemente publicado en La Prensa por el diputado José Bernal Pallais demostraba que ninguna de las cláusulas del tratado es incompatible con nuestra Constitución Política. No existe, por tanto, fundamento alguno para negarse a suscribir este tratado, como no sea la ignorancia o el temor de no poder en el futuro ofrecer el territorio nacional como refugio a genocidas y criminales de guerra. Por el contrario, la adhesión de Nicaragua al Tribunal Penal Internacional fortalecería nuestra vocación de defensa y respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
Cuando verificamos la situación en nuestros pasos aduaneros y evaluamos la poca eficiencia y eficacia de las varias decenas de organismos e instituciones del llamado sistema de la integración, así como la resistencia y falta de voluntad política de los gobiernos, en medio de un acelerado proceso de globalización mundial, no podemos menos que repetirnos la pregunta que se hacía Alfonso Reyes: ¿estaremos condenados a recoger las migajas del banquete de la civilización? Nuestras sociedades, desintegradas y permanentemente al filo de la lucha fratricida, no han sido capaces de producir líderes y estadistas con visión estratégica, de la talla de los fundadores de la Europa unificada. Así como fracasó la Federación Centroamericana, intentada después de la independencia, por no contar previamente con las partes, sujetos de la unión, difícilmente vamos a integrarnos hacia fuera si antes no contamos con Estados naciones socialmente integrados hacia dentro. De ahí la importancia de impulsar discusiones nacionales dirigidas a definir lo que los centroamericanos entendemos por cohesión social; fortalecer la emergencia y participación de una sociedad civil regional, la gran ausente hasta hoy, en un proceso dominado por las cúpulas presidenciales y la burocracia diplomática.
Esa discusión, en todos los niveles, debería comprender el desarrollo humano, donde necesariamente entran los temas del derecho al trabajo digno, el crecimiento económico con equidad, los derechos económicos y sociales; el viejo tema, que hoy recobra importancia, de la soberanía y seguridad alimentarias. En segundo lugar, el tema de la ciudadanía democrática y la participación, que debe tener como punto de partida el respeto a los sistemas democráticos representativos y su necesaria complementación a través de mecanismos legales ordenados, de organización y participación sin ningún tipo de discriminación. En tercer lugar, el tema de la redefinición del papel del Estado; la transición de un Estado Social de Derecho a un Estado Democrático de Derecho, que signifique la superación tanto del agotado Estado de Bienestar como del fracasado Estado neoliberal. Por último, los temas de la preservación del medio ambiente y el cambio climático.
La discusión de estos asuntos es fundamental para el futuro de Centroamérica y de cada país en particular, inmersos como estamos en un contexto internacional crítico, con numerosos problemas estructurales sin resolver, agobiados por la pobreza y la desigualdad, asediados por la violencia social y la tentación demagógica y autoritaria. Solamente este esfuerzo por dotarnos de un proyecto propio de cohesión social podrá dar orientación y sentido a unas negociaciones de región a región, inspiradas por una visión integral tripartita, política, comercial y de cooperación; posibilitar la interlocución que hasta ahora Europa no ha podido encontrar en los centroamericanos y concretar finalmente el Acuerdo de Asociación. De lo contrario, estaremos condenados a repetir la pregunta que se hacía Alfonso Reyes, a llegar siempre tarde en la historia, a quedar fuera de ella al paso que vamos.
