El presidente sandinista de la Asamblea Nacional, René Núñez; el diputado también sandinista y secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (Conpes), Gustavo Porras ; y el primer secretario de la Asamblea Nacional, Wilfredo Navarro, vicepresidente del PLC, unieron sus voces la semana pasada en un fuerte ataque bipartidista contra las organizaciones independientes de la sociedad civil. Núñez y Porras repitieron las acusaciones del presidente Daniel Ortega de que las ONG son financiadas por Estados Unidos para criticarlo y oponerse a su gobierno; mientras que Navarro calificó de “mafias” a las ONG que critican la corrupción y denuncian el pacto de Alemán con Ortega.
Esta coordinación malévola de altos representantes legislativos y políticos del régimen orteguista y del pacto libero-sandinista, induce a pensar y hace temer que están preparando una represión “legal” contra las ONG que no son de su agrado; lo cual no debería sorprender a nadie, porque el pacto de Daniel Ortega con Arnoldo Alemán apunta precisamente a institucionalizar una dictadura bipartidista y bicéfala, libres de la competencia electoral de otros partidos y protegidos de las críticas a la corrupción y el autoritarismo originadas desde la sociedad civil.
Tampoco nadie puede negar que las organizaciones de la sociedad civil que están en la mira de los pactistas, actúan en el marco constitucional, tienen personalidad jurídica y están registradas en el organismo gubernamental correspondiente, en este caso el Ministerio de Gobernación. Y aunque no tuvieran personalidad jurídica, la Constitución garantiza el derecho de todos los nicaragüenses a crear estas organizaciones sociales y formar parte de ellas. De allí que los pactistas para justificar la amenaza de reprimir legalmente a las ONG, esgriman el pretexto de que reciben financiamiento de Estados Unidos. Sin embargo, recibir financiamiento de Estados Unidos y de los demás países y organismos internacionales que apoyan económicamente a las ONG de Nicaragua, no constituye delito. Además, el financiamiento externo a las organizaciones sociales y civiles es transparente, está sometido a un riguroso control de los donantes y de las mismas organizaciones receptoras de la cooperación. Y el uso de tales recursos está dirigido de manera clara y verificable a un fin legítimo de interés nacional, cual es la promoción del desarrollo comunitario y de la cultura cívica, democrática y participativa de los ciudadanos.
En respuesta a los ataques de los pactistas contra las ONG, una destacada dirigente de la sociedad civil, Sofía Montenegro, dijo en declaraciones a LA PRENSA que fueron publicadas el jueves 31 de mayo recién pasado que: “Nosotros estamos rindiéndole cuenta a los donantes, a los recipientes de esta ayuda y al Fisco… las ONG están absolutamente controladas por este Gobierno. Lo que no soportan, en realidad, es que haya organizaciones independientes y críticas”. Y sobre la acusación de Wilfredo Navarro, de que las ONG que reciben financiamiento externo cometen o podrían cometer delito electoral, Montenegro expresó que: “Los que cometen delitos electorales son los diputados que como él (Navarro), están queriendo retirarle la personería jurídica a partidos legales y han pretendido cortarle el derecho a los ciudadanos a elegir”. Y en todo caso, dijo Montenegro: “Ellos son los funcionarios públicos, ellos son los que deben rendirnos cuentas a nosotros, que existimos para fiscalizar si se roban el dinero o no, porque aquí la madre de la corrupción es la que está en el poder”.
Es cierto. Y para el mejor cumplimiento de esa función fiscalizadora del poder público, las organizaciones de la sociedad civil deben ser protegidas expresamente por la ley, pues evidentemente no bastan las disposiciones generales establecidas en la Constitución. De modo que los diputados que son verdaderamente democráticos, y que por lo tanto no temen sino que apoyan el control ciudadano, deberían aprobar una ley que proteja el derecho de las ONG a recibir cooperación internacional al mismo tiempo que garantice el control de la recepción y uso correcto y transparente de los fondos externos. O al menos deberían reformar con ese propósito la Ley 147, Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, que es la pieza legal que regula la constitución, autorización, funcionamiento y extinción de las ONG civiles y religiosas que existen en el país.
