Miembros del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Sur de los juzgados de Granada otorgaron el 28 de mayo pasado casa por cárcel a Cristian Ariel Dávila Sánchez, capturado y acusado de violación a una menor.
Norman Miranda, Alejandro Estrada y Gerardo Rodríguez decidieron cambiarle la medida cautelar al presunto violador.
Dicha acción fue ejecutada por el juez Alcides Muñoz Alemán, a petición de Ileana Neira Torres, estudiante de Derecho, y quien se constituye como fiadora del proceso del acusado.
El Movimiento Contra el Abuso Sexual de Granada teme por la vida de la víctima, porque en muchas ocasiones ésta ha sido amenazada por los familiares del acusado y hasta por el mismo autor del delito.
La organización pidió a la Policía de Granada que le dé protección a la víctima.
LOS HECHOS
Todo comenzó cuando el acusado llegó a la casa de la joven, ubicada en villa Walter Ferreti, en donde se encontraba sola con uno de sus hermanitos. El hombre supuestamente aprovechó la situación para tomar por la fuerza a la joven y violarla. El abuso se dio en presencia del niño de 4 años.
La joven guardó silencio debido a las amenazas a que era sometida por su victimario, quien siguió abusando de ella.
Como producto de las violaciones, la joven quedó embarazada, lo que alertó a su familia. Hoy la joven es madre de un bebé de tres meses y dice que no sabe qué hacer con él.
La madre de la joven dijo que observaba un comportamiento anormal en su hija, razón por la cual decidió someterla a un examen de embarazo.
Al darse cuenta de que su hija había sido violada, decidió interponer formal denuncia ante la Policía, señalando a Cristian Ariel Dávila Sánchez como el autor del delito.
La Policía lo investigó y capturó, al presentárseles las pruebas necesarias, y lo remitió a la Fiscalía, que lo acusó ante los Juzgados de lo Penal de Granada.
El juicio contra el acusado comenzó tres meses después de su detención.
DENUNCIAn ANOMALÍAS
Ante la decisión que tomó el Tribunal de Apelaciones de Granada, la fiscal que lleva la parte acusadora, Samia Aguirre Alarcón, se pronunció, mediante un escrito, contra el Juzgado de Distrito de lo Penal, denunciando el mal proceder de la defensa para que no se realice el juicio.
Afirmó que el método utilizado por la defensa es ilegal.
En el documento, Aguirre Alarcón expresó que el plazo para que se realice el juicio no se ha cumplido, porque según lo analizado a través de la ley, sólo han pasado 2 meses con 21 días.
Por ello, pidió que se continúe con la tramitación del proceso penal y que se programe “a la mayor brevedad posible” el juicio oral y público contra el acusado, según lo manda el Código Procesal Penal.
