El Consejo Supremo Electoral (CSE) dio muestras esta semana de querer guillotinar a cuatro partidos participantes en las próximas elecciones municipales. Sobre el tema, Rosa Marina Zelaya, ex presidenta del CSE califica la actitud como “ilegal, partidaria y antidemocrática”.
Ocho años después de dejar la presidencia del Consejo y doce de haber decapitado a varios candidatos en la contienda electoral del año 96, la doctora Zelaya justifica su actuación en “lo que mandaba la ley”. La ex magistrada conversó con Domingo y aseguró que los actuales magistrados del CSE no actúan porque así manda la Constitución como ocurrió en el 96, sino que obedecen a las pretensiones políticas del pacto y sus caudillos.
En una mañana oscura y lluviosa, en su casa de habitación, Zelaya dijo que es “poco profesional” el actuar de los miembros del Poder Electoral: “Los magistrados del Poder Electoral son manifiestamente parte de los partidos que están en contienda (PLC y FSLN) y por ello los partidos políticos se sienten amenazados en su participación”.
Esta abogada, de 58 años, advierte a los magistrados y a los pactistas que si el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), el Partido Conservador (PC), el Partido Movimiento Unidad Costeña (Pamuc) y el Partido Indigenista Multiétnico (PIM) resultan inhibidos de las municipales los ciudadanos usarán su “arma secreta”: el voto.
El CSE dio muestras de querer guillotinar a cuatro partidos de la contienda municipal. ¿Es legal lo que quiere hacer? El tema de fondo es la utilización o no de los instrumentos legales para afectar la participación de una organización política. El CSE tiene que mandar a oír al partido demandado y al demandante. Los partidos tienen que presentar argumentos que desdigan los señalamientos.
Lo preocupante de esto es que los magistrados del Poder Electoral son manifiestamente parte de los partidos que están en contienda –Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)—. Por ello es que los partidos políticos se sienten amenazados en su participación.
Pero eso no ha sido lo único que ha hecho el CSE. Ha habido muchas actuaciones en que ha sido percibido como obstaculizador de la participación de partidos políticos, lo cual lesiona la democracia.
¿Quiere decir que se está usando de manera descarada este poder del Estado para beneficiar el pacto?
Es que ése es el fin del asunto. Cuando los magistrados del CSE provienen de filas de dos partidos políticos y además con mucha soltura, con mucho entusiasmo expresan que no tienen ningún reparo, que son militantes y participan activamente en actividades político-partidarios, pues se está usando para beneficiar a sus partidos. Ante eso tenemos tres caminos: un CSE totalmente partidarizado, pero con todos los partidos políticos participantes; un CSE imparcial, apartidario o un CSE mixto, donde haya delegados de partidos y otros apartidarios.
El representante legal del Pamuc decía que no se les puede medir con la misma vara de los partidos del Pacífico. ¿Usted qué cree?
El 80 por ciento que manda la Ley Electoral para los partidos regionales es en base a la región que están participando.
En el tema de las regiones hay otra cosa importante y es que el Frente Sandinista no presentó candidatos donde después el CSE, de una manera totalmente infundada, declaró que se posponían las elecciones. Las argumentaciones de que la cartografía, el padrón electoral, etc. no caben. Desde el huracán hasta noviembre del 2008 había suficiente tiempo para superar las dificultades. La idea de que exista un Poder del Estado con características de permanente es para que esté incidiendo positivamente para que no se esté dando posposición de elecciones, sino de qué sirve estar sustentando una estructura electoral los 365 días del año. Eso quiere decir que el CSE es ineficiente o hay otra intencionalidad.
¿Política?
Podría ser… Partidaria. Pero ninguna es justificativa para la posposición de una elección y de la violación de la Constitución Política.
¿Cuál es la opción del Frente si quisiera presentar candidatos en la Región Autónoma?
Ya pasó el período de presentación de candidatos. Se pidió prórroga para la presentación de candidatos en esa zona y se les dijo que no. La única forma salvable de la situación sería una reunión con todos los partidos políticos y sus representantes legales y se le dé igual derecho a todos a que presenten candidatos donde no lo había hecho. Pero eso requiere de mucha flexibilidad.
Durante su gestión también se vio al CSE como arma política para decapitar a Robelo y Lacayo. ¿No fue así?
Recuerde lo que decía la Constitución Política, producto de reformas constitucionales que se dieron en 1995. En el caso de Antonio Lacayo señalaba que aquél que fuese pariente del Presidente de la República no podía ser candidato a Presidente. Y era tanta la dedicatoria de esa reforma que la Asamblea decidió incluir “y el que haya sido pariente” cuando Antonio Lacayo, creo que en broma, dijo que se divorciaría de Cristiana.
Fue una situación compleja porque estaba clara la intención, pero como magistrada no puedo decir que aplico lo que me gusta de la Constitución y lo que no me gusta no lo aplico.
En el caso de Álvaro Robelo, la Constitución señalaba que si un nicaragüense había perdido la nacionalidad no podía ser candidato presidencial. Robelo se hizo italiano y eso está fundamentado con datos emitidos por la Dirección General de Migración y Extranjería del país.
Me dice que en el caso de Antonio Lacayo percibían la intención política. Ustedes fallaron consciente de ello y sabiendo que se estaba usando como arma política, pero no tenía otra opción...
Es que había una reforma constitucional aprobada en dos vueltas. Terminó siendo una ley de la República. A mí no me gustó esa decisión de la Asamblea Nacional. No me gustó que pusieran “y el que haya sido”, pero como magistrados vemos lo que decía la Constitución Política.
¿Entonces cómo se hace para separar lo legal de lo político?
Bueno, se separa cuando los magistrados proceden como profesionales de los diferentes poderes del Estado y no como militantes de un partido político. Un ejemplo claro de ello es la pretensión de elegir a los ocho magistrados de la CSJ en plancha cuando la Constitución dice que se debe ir eligiendo uno a uno. Varios diputados y líderes políticos han dicho con toda tranquilidad que serán cuatro para cada uno.
Ahora, cuál es el arma que tiene un ciudadano: su voto.
¿Para luchar contra el pacto?
Para que haya un verdadero sistema democrático, para que realmente tengamos instituciones despartidarizadas. Eso es lo que queremos los ciudadanos.
El día que las autoridades comprendan que están allí no por ser de un partido político sino porque están investidos de una autoridad empezarán a cambiar las cosas.
¿Cómo?
La idea es que los candidatos no sean elegidos solamente por los miembros de la Junta Directiva de los municipios o mediante el deseo que tiene la Junta Directiva Central o como le llamen a los señores que deciden acá en Managua. Así vendrán los relevos generacionales.
Es también importante que haya reformas profundas a la Ley Electoral que permita eliminar el concepto de bipartidismo.
¿Cuáles?
Ha habido muchísimas propuestas de reformas desde 1999 que empezaron con el tema de bipartidarización de la Constitución y organismos a través de las reformas constitucionales de la Ley Electoral. Obviamente, tienen que ser después de las elecciones municipales y bastante antes de las presidenciales para que no haya influencia de los procesos electorales, pues en ese momento no se comporta igual ni el partido político ni el ciudadano.
Muchos temen las reformas porque dicen que será la “caja de Pandora” y que sólo se logrará la reelección presidencial, diputaciones vitalicias y magistraturas vitalicias. Hay que romper con ese embudo que ha creado el pacto político.
Volvamos un poco al pasado. Durante las elecciones del 96 el FSLN pidió que se repitieran en Managua y Matagalpa, donde se concentraba gran parte de los votantes. El CSE dijo que no. ¿Será que Ortega nunca le perdonó eso a Rosa Marina Zelaya y por eso se acortó el período de su magistratura? ¿Fue una pasada de cuentas?
(Ríe). En Managua y Matagalpa tratan de incidir obviamente partidos políticos que estaban perdiendo, por eso aparecieron botadas las boletas ya marcadas. En la Ley Electoral hay un artículo específico que señala que al menos de que sean más del cincuenta por ciento la invalidación de votos se tiene que repetir la elección, pero si el porcentaje es menor de eso y está reflejada la voluntad popular la elección es válida. Eso fue lo que prevaleció.
Si hay un Daniel Ortega que por eso tiene algún tipo de malquerencia a los magistrados de ese CSE o a Rosa Marina Zelaya, eso se lo tendríamos que preguntar a él.
Con respecto a la reducción de período de magistrados es absolutamente cierto. Nosotros fuimos elegidos por un período de seis años y por una interpretación totalmente antojadiza de la Corte Suprema de Justicia se redujo a cinco.
Recuerdo que en la época se hablaba de la cabeza de Agustín Jarquín y la cabeza de Rosa Marina Zelaya. Se decía que a Rosa Marina Zelaya se le achacaba la posibilidad de haber perdido la elección por no haber permitido una repetición de la elección.
Cuando usted estaba al frente del CSE se dijo había favorecido la diputación de su marido Jorge Samper, ¿qué tiene que decir al respecto?
El CSE estaba integrado en ese momento por cinco magistrados. La decisión del CSE se toma de forma colegiada con los cinco magistrados e incluso de los suplentes que participaban y daban su punto de vista.
Rosa Marina Zelaya es un voto de cinco. Un voto nada más. Y a menos que sea hipnotizadora para poder convencer de hacer irregularidades al resto de magistrados y al resto de la estructura del CSE, todos votaron bajo su propio criterio. Nosotros sólo respetamos el voto electoral.
¿Entonces cuál fue su participación y posición en la decisión de darle la diputación a Jorge Samper?
En la vida real si respetás el voto popular no es el magistrado que le da la diputación a alguien. Son simplemente sumas aritméticas. La propia Ley Electoral explica cuál el sistema a seguir.
Repito que Rosa Marina es un voto y los otros cuatro magistrados son personas de criterios, no estamos hablando de muchachitos.
Le puedo decir con absoluta tranquilidad y certeza de que es irresponsable, injurioso y calumnioso decir que Rosa Marina Zelaya le regaló una diputación al doctor Jorge Samper porque simplemente fue resultado de la voluntad popular y no por decisión unilateral de una persona que era ciertamente presidenta del CSE, pero que tenía un solo voto y que con un solo voto no iba a poder cambiar la voluntad popular ni la decisión de un cuerpo colegiado.
