Nicaragua enfrenta problemas económicos, sociales, financieros, institucionales y políticos, unos de naturaleza interna, como la subejecución de programas y proyectos, la falta de transparencia en el manejo de recursos, la confusión en ciertos casos entre los intereses privados y los públicos, y la transgresión a la legalidad y a la institucionalidad, con una devaluación sensible del principio de separación de poderes, para mencionar algunos de los más significativos.
Otros problemas son de naturaleza internacional, como es el caso del alza incontenible del precio del petróleo que produce efectos negativos en las economías de todos los países y particularmente en las clases sociales más necesitadas, pero que en Nicaragua, a pesar de ser un fenómeno mundial cuya causa es ajena a decisiones internas, ocasiona no obstante, un daño mayor que en el resto de países centroamericanos, debido, aquí sí, a condiciones internas que tienen que ver con la función gubernamental y la administración del país. El mayor índice de inflación y el menor índice de crecimiento de Nicaragua con relación a la media centroamericana, por ejemplo, obedecen ciertamente a situaciones internas que tienen que ver con la administración pública y la gestión gubernamental.
Pero más allá de los problemas puntuales, de cuya gravedad todos estamos conscientes, subyace uno de mayor profundidad y de más alto riesgo, como consecuencia de la interacción negativa entre las situaciones particulares y las actitudes y actuaciones del Gobierno. Éste es el peligro de desestructuración del país a consecuencia del rumbo que llevan las políticas gubernamentales.
Es visible en casi año y medio de la actual Administración el aumento de la brecha económica y social, la acentuación de la pobreza crítica, el incremento del desempleo y de la dependencia de las clases sociales más necesitadas de la acción caritativa del Gobierno, en sustitución de una verdadera política nacional de combate a la pobreza y de promoción de empleo productivo, generándose de esta manera una forma deprimente de clientelismo político. A la par se observa el debilitamiento progresivo de la clase media que es la base necesaria a la existencia de toda democracia y la sustancia cohesiva que permite mantener estructurada a toda sociedad.
Junto a ello, en la configuración del cuadro general de la sociedad nicaragüense, se produce la creciente consolidación de un núcleo político, económico, financiero y social que concentra cada día cuotas importantes de poder.
La frágil institucionalidad y débil formación social que entre altos y bajos se ha venido construyendo, está hoy amenazada. Nicaragua es una “sociedad disociada” o por lo menos en riesgo de desestructuración. Ése es el peligro más grande, que en medio de todos los demás enfrentamos hoy. Por eso es urgente ante la amenaza de disolución del corpus social hacer un llamado a la búsqueda de medidas y acciones que conduzcan a la cohesión social, la democracia y el Estado de Derecho.
Es fundamental encontrar acuerdos de nación de carácter político, institucional, social, económico, educativo, energético, alimentario, de empleo productivo, en los que el país entero a través del Gobierno, las instituciones del Estado y los diferentes sectores de la sociedad, convengan en políticas estratégicas orientadas a objetivos de cohesión social, integración y estructuración del país, para lo cual es imprescindible como condición de todo, la creación de un verdadero Estado de Derecho y de un auténtico sistema democrático.
Pienso que la democracia y el Estado de Derecho deben ser la condición de las relaciones internacionales y de la apertura de un efectivo proceso de cooperación interregional. América Central debe establecer como la base de su necesario e impostergable proceso de desarrollo económico y social, la existencia del Estado de Derecho en el que las instituciones sean la mejor garantía de la estabilidad, de la seguridad jurídica y de la armonía entre las personas, los pueblos y los Estados.
Esto exige de manera imperativa, una ciudadanía plenamente consciente de su papel histórico, la participación decisiva de la opinión pública y la acción de la sociedad en su conjunto, la democratización de los partidos políticos, la sustitución del caudillismo, los mesías políticos y los pactos de cúpulas para la repartición del poder, por instituciones sólidas y confiables, el establecimiento de una verdadera separación e independencia de poderes y el establecimiento de un eficaz sistema de controles que garantice la subordinación del poder a la ley.
En nuestro país, ante la ausencia de un verdadero interés y una apropiada visión estratégica y puntual de la clase política, se vuelve imprescindible la participación de toda la ciudadanía, no para sustituir a los partidos políticos, que no es esa su función, sino para asumir el papel de conciencia crítica de la nación que sí le corresponde, tanto más, cuanto que las ausencias y los vacíos de quienes deben tomar las medidas necesarias son cada vez más sensibles.
Se trata de evitar que el país se disocie o desestructure, procurando para ello la definición de objetivos comunes y la unificación del esfuerzo de todos para construir el Estado de Derecho, base y condición de la cohesión social necesaria para una sociedad, libre, digna y democrática.
El autor es filósofo y escritor nicaragüense
