Nicaragua seguirá recibiendo la ayuda bilateral de Estados Unidos y el apoyo en el otorgamiento de préstamos de las instituciones financieras internacionales, a pesar de que aún no completa las indemnizaciones a los ciudadanos estadounidenses confiscados durante el primer Gobierno sandinista, en la década de los ochenta.
La Embajada de EE.UU. en Managua informó ayer que el Gobierno de ese país concedió a Nicaragua un “waiver” o dispensa de un año más, a la aplicación de una disposición legal que prohíbe estas ayudas para “países donde los ciudadanos estadounidenses no hayan recibido del Gobierno local una indemnización adecuada y efectiva por sus reclamos de propiedades confiscadas, como es el caso de Nicaragua”.
En una nota de prensa explica que “la prohibición de ayuda que dispone la Sección 527 de la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores de 1994 y 1995 se aplica a todo país que se encuentre en las mismas condiciones”.
La dispensa aprobada vencerá el 29 de julio del 2009 y se fundamenta en el número de reclamos de propiedad resueltos que, para EE.UU., son “aquellos en los que el bien reclamado ha sido recuperado o en los que se ha firmado un finiquito, luego de haber sido indemnizado”.
La información destaca que de agosto de 2007 a julio de 2008 el Gobierno de Nicaragua ha resuelto 40 casos pertenecientes a 21 ciudadanos estadounidenses a través de indemnización, y que otros dos casos fueron resueltos por la vía judicial con la recuperación de los bienes, para un total de 42 casos que corresponden a 23 ciudadanos estadounidenses en ese período.
Sin embargo, advierte que aún están pendientes 626 reclamos de propiedad de ciudadanos estadounidenses.
Esa cifra no coincide con el registro de 324 casos reconocidos el 24 de julio por el procurador general Hernán Estrada, durante el anuncio de la indemnización de cinco millones de dólares que el Estado pagará al estadounidense Norman Sendfeld.
