La expresión “matar al mensajero” designa la reacción de aquellas personas poderosas, que al sentirse afectadas por alguna información atacan al periodista y al medio de comunicación que divulgan la noticia; y en algunos casos hasta clausuran y confiscan los medios, destruyen sus instalaciones, acosan judicialmente a sus dueños y operadores, e incluso mandan a asesinar a periodistas como ha ocurrido varias veces en la historia de Nicaragua.
“Matar al mensajero” viene desde la remota antigüedad, cuando los déspotas, emperadores, reyes, príncipes y sátrapas mataban a los heraldos portadores de malas noticias. Más adelante, en el Medioevo europeo en vez de matar al mensajero lo azotaban y torturaban, en algunos casos clavándolo de la lengua. Pero el sentido del castigo siguió siendo el mismo: culpar al mensajero por acontecimientos nefastos que él no causaba ni inventaba, sólo los informaba, como si castigándolo se podía cambiar la realidad. Y en términos generales, la criminal costumbre de “matar al mensajero” se sigue practicando hasta ahora, bajo diversas modalidades sutiles o brutales y a veces mandando a matar al periodista.
En Nicaragua, a lo largo de su historia, son muchas las veces que se ha practicado la política de “matar al mensajero”. Y ahora, con el nuevo gobierno de Daniel Ortega han regresado las restricciones a la libertad de prensa y por lo tanto las presiones y represiones contra los medios de comunicación y los periodistas independientes.
Es lógico e inevitable que en las relaciones entre el periodismo y el poder surjan contradicciones y se presenten problemas. Hasta en los países más democráticos se produce el problema de que la búsqueda de la verdad, la divulgación de ciertas noticias y la información sobre el comportamiento de los personajes públicos, chocan a menudo con los intereses creados y el mal talante de los afectados. Al respecto cabe mencionar que en los tres gobiernos democráticos que hubo después de la dictadura sandinista de los años ochenta, se dieron contradicciones y problemas del poder con la prensa independiente que se manifestaron de diferentes maneras. Pero en general, los gobernantes del período democrático respetaban la libertad de prensa y el derecho a la libre expresión del pensamiento.
Lamentablemente no se puede decir lo mismo del nuevo gobierno de Daniel Ortega, el cual está actuando de manera sistemática contra la libertad de prensa, a pesar de que ésta es garantizada por la Constitución y protegida por los tratados internacionales de los cuales Nicaragua es parte y sus gobernantes están obligados a respetar. El presidente Ortega, por un lado ataca verbalmente a todos los medios de comunicación independientes, les limita el acceso a la información de interés público y les niega la publicidad gubernamental; y por otra parte, Ortega castiga expresamente al Diario LA PRENSA contra el cual ya instigó un juicio criminal basado en imputaciones falsas y ahora ha ordenado a su procurador de “justicia” acusarnos por un supuesto y falso delito de “traición a la Patria”.
El presidente Daniel Ortega quiere “matar al mensajero”. Él no tiene interés en corregir sus errores, ni en poner fin a sus abusos, sino en castigar a los medios de comunicación y a los periodistas que informen sobre sus desmanes gubernamentales. Para el presidente Ortega no es indecoroso viajar en costosísimos aviones privados siendo gobernante del país más pobre del Continente americano, lo malo es que se informe públicamente sobre eso. Para Ortega no es inmoral despilfarrar el dinero del Estado en gastos exóticos y publicidad personal narcisista, lo indebido es que los medios de comunicación denuncien tan fastuosas y raras costumbres de los gobernantes “socialistas” de Nicaragua. Para el presidente Ortega lo incorrecto no es que él tenga relaciones de camaradería con una organización armada extranjera que es calificada como terrorista por la comunidad internacional, sino que LA PRENSA informe sobre ello. Para Ortega lo incorrecto no es que en su gobierno haya tráfico de influencias y conflictos de intereses, sino que esa corrupción se denuncie públicamente. En definitiva, para Ortega lo malo no es el abuso y no le interesa gobernar correctamente, sino “matar al mensajero” que informa sobre los desmanes gubernamentales.
Así estamos en este país desventurado.