La jornada de verificación electoral que se llevó a cabo el sábado y domingo recién pasado en todo el país, se podría considerar como un fracaso porque no fueron muchos los ciudadanos que se verificaron, pues se calcula que apenas lo hizo más o menos un tercio del total del padrón electoral.
La verificación electoral es para que los electores concurran a las Juntas Receptoras de Votos y comprueben si sus nombres están registrados, y si no lo están, que se hagan de manera oportuna las correcciones pertinentes en las listas de cada Centro de Votación. Y cabe señalar que la verificación es formalmente obligatoria, pues según se dice en el artículo 45 de la Ley Electoral, “los ciudadanos nicaragüenses tienen el deber de inscribirse o de verificar su inclusión en el padrón electoral en la Junta Receptora de Votos que les corresponde…” Sin embargo, aunque la Ley Electoral determina que la verificación es un deber y por lo tanto una obligación del ciudadano, la verdad es que tal disposición sólo la cumple una minoría de personas, como ocurrió el fin de semana pasado. Y esto se debe sin duda a la falta de conciencia y de suficiente responsabilidad cívica en gran parte de la población nicaragüense.
En relación con la pobre verificación electoral del fin de semana pasado, el Alcalde sandinista de Managua, Dionisio Marenco, aseguró a los periodistas el martes de la presente semana que él no concurrió a verificarse, porque de todas maneras ya sabía y sabe dónde tiene que votar. Entonces, si de esa manera piensa el primer ciudadano de Managua que se supone es un ejemplo de responsabilidad cívica, ¿qué se puede esperar de la mayoría de las simples personas mortales nicaragüenses?
En realidad, es lamentable que la mayor parte de los ciudadanos nicaragüenses no concurriera a las Juntas Receptoras de Votos para verificarse. La verificación es una parte muy importante del proceso electoral, no sólo para tener la certeza de que el nombre de cada uno está en la lista de electores de la correspondiente Junta Receptora de Votos, sino para evitar el famoso problema del “ratón loco”, el cual consiste en que durante el día de las votaciones muchos ciudadanos andan como perdidos, de arriba hacia abajo, trasladándose de un Centro de Votación a otro en busca de sus nombres y sin poderse encontrar, hasta que se cansan y muchos regresan a sus hogares sin haber tenido la oportunidad de ejercer su sagrado derecho cívico a votar y a elegir.
Sin duda que hubiera sido muy alentador para la causa de la democracia, que la gente se volcara a las Juntas Receptoras de Votos a fin de verificarse y expresar desde ahora su voluntad de votar, considerando que las elecciones municipales de noviembre tendrán una significación plebiscitaria. En efecto, los próximos comicios locales servirán para valorar al Gobierno de Daniel Ortega y determinar el grado de aceptación o de rechazo de la ciudadanía a su Gobierno. Además, a nadie se le puede escapar que si Daniel Ortega y el FSLN ganan las elecciones municipales de noviembre, la nueva revolución orteguista entrará en una fase más radical, con todas las consecuencias que inevitablemente eso tendría, de mayor menoscabo de la libertad y la democracia y más privaciones y desgracias para la población.
Por supuesto que la no verificación de muchos ciudadanos no significa necesariamente que todos ellos se van a abstener de votar en las elecciones de noviembre. En todo caso, ojalá que no sea mucha la abstención porque con ésta el triunfo de Ortega y el FSLN estaría prácticamente asegurado. La abstención electoral sólo favorece al sandinismo, que tiene una base electoral muy disciplinada y por eso los votantes del FSLN no dejan de asistir a las mesas de votación. De manera que entre más bajo sea el índice de votación general en cada municipio, mayor sería el porcentaje de votos a favor de los candidatos sandinistas y mucho más avanzaría Daniel Ortega en su proyecto de imponer una nueva dictadura.
En el sistema político de Nicaragua, si es que así se le puede llamar a los escombros de institucionalidad democrática que han quedado después del pacto de Arnoldo Alemán con Daniel Ortega, el sufragio es un derecho, no una obligación. El ciudadano tiene derecho de votar por cualquier candidato a ejercer cargos de elección popular, o de no votar por ninguno. Pero es obvio que en las circunstancias actuales abstenerse de votar significa facilitarle el triunfo electoral a Daniel Ortega y su FSLN. Así de sencillo.
