La Procuradora Especial de la Mujer, Deborah Grandison, lanzó una alerta durante un seminario en pro de los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia: en el año 2007 fueron asesinadas 60 mujeres en el país, pero sólo en el primer semestre de este año ya van 48.
En el evento, promovido por el Poder Judicial a través de la Defensoría Pública, también participó la magistrada Alba Luz Ramos, quien lamentó que la violencia contra las mujeres no es un delito autónomo sino que se penaliza a través de sus secuelas, es decir, se castiga sólo cuando una mujer resulta lesionada.
Ramos comentó que la Ley 641, nuevo Código Penal, que entró en vigencia en este mes de julio, beneficia a las mujeres porque ya no habrá jurados para los delitos graves que se cometan en contra de ellas, como violaciones y abusos.
Muchos agresores de mujeres, como los violadores, salían en libertad gracias a que los jurados de conciencia los declaraban no culpables.
UNA DEBILIDAD EN LA LEY
Pero el nuevo Código Penal también tiene una debilidad: la Fiscalía no apoyará a las mujeres víctimas de delitos menos graves, lo cual, con la pobreza que sufre el país, pone a las mujeres en desventaja con respecto a sus agresores, pues estos últimos sí podrán ser asistidos por la Defensoría Pública.
Ramos dijo que el Poder Judicial busca alternativas a esta problemática, como buscar que organizaciones como las Redes de Mujeres brinden apoyo legal a las víctimas de ese tipo de delito.
La magistrada Ramos indicó que la justicia tiene muchos protagonistas, como la Policía, Fiscalía y Juzgados. “El Ministerio Público tiene que jugar su rol”, dijo.
MEDIDAS PARA MEJORAR
En la revista Justicia, del Poder Judicial, la jefa de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, admite que la Policía estaba enfrentando mal los casos de violencia contra las mujeres, pero han implementado medidas para mejorar la atención a las víctimas de la violencia.
“SE VE UN RETROCESO”
“Vemos un retroceso (en las leyes)”, dijo la procuradora Grandison cuando se le consultó sobre que las mujeres víctimas de delitos leves no podrán contar con la Fiscalía.
Agregó que el tema de la mediación, también consignado dentro del nuevo Código Penal, perjudica a las mujeres porque están en desventaja en cuanto a los agresores.
Grandison puso de ejemplo el “tala mana”, que es una práctica ancestral establecida en las comunidades miskitas, donde el que comete el delito paga en dinero o con ganado al familiar de la víctima para limpiar el acto que cometió.
Es parte del derecho consuetudinario de las comunidades indígenas y el nuevo Código Penal reconoce ese tipo de estatutos.
Grandison también indicó que mientras más se aleja un lugar de la ciudad, más violencia existe y menos oportunidad de las mujeres para exigir justicia, porque faltan fiscales y presencia de policías.
Sobre las estadísticas de mujeres asesinadas en el país, Grandison dijo que muestran la falta de prevención que existe en los delitos contra las mujeres.
Grandison se quejó también de que en algunos lugares alejados del país, los fiscales son itinerantes, es decir, llegan una vez a la semana y cuando tienen reuniones de fiscales ni llegan a los poblados lejanos.
OTRAS DIFICULTADES
Según Grandison, muchas son las veces en que a las mujeres víctimas de violencia se les envía a las cabeceras departamentales para ser valoras por un forense o médico autorizado por la Corte Suprema de Justicia, haciendo difícil el proceso para las víctimas que en su mayoría son de escasos recursos y provocando que muchos casos de abuso queden en la impunidad, por la debilidad de las pruebas en los procesos judiciales.
Grandison reveló que los departamentos donde existe mayor índice de violencia son Masaya, Carazo y las regiones del Caribe.
