Por más de 23 años, René Guarín ha luchado por conocer el paradero de su hermana Cristina, desaparecida cuando los militares retomaron a sangre y fuego el Palacio de Justicia colombiano, que horas antes había sido ocupado por guerrilleros del Movimiento 19 de Abril (M-19).
Todavía no sabe qué sucedió con su hermana, pero surgió una luz de esperanza con el inicio, el 25 de julio, de un juicio a uno de los militares implicados en la sangrienta retoma del Palacio, que dejó un saldo de 109 muertos, incluidos 11 magistrados, y 11 desaparecidos.
Ya un mes antes, el 25 de junio, las autoridades judiciales llamaron a un interrogatorio a dos generales retirados, y poco antes arrestaron a otro. Son el trío de oficiales que estuvo al mando de uno de los más sangrientos capítulos de la historia colombiana.
Pasadas dos décadas de aquellos sucesos, la Fiscalía General intenta armar el rompecabezas para determinar qué pasó el 6 de noviembre de 1985.
La difusión de vídeos de un canal de televisión que muestran que Cristina salió viva del Palacio, cargada por un soldado, hicieron que la Fiscalía reabriese el caso en agosto del 2006.
Parientes de las víctimas y algunas autoridades de aquella época entrevistados por la AP coinciden en que la responsabilidad principal de las muertes recae sobre los rebeldes porque ellos iniciaron la acción, pero señalan que los militares usaron una fuerza desproporcionada, amparados en el argumento de que todo era válido para frenar la acción guerrillera en la máxima sede de la justicia colombiana.
Algunos familiares afirman que las detenciones de militares retirados dispuestas por la Fiscalía son la justicia largamente esperada por sus parientes muertos, algunos reducidos a cenizas en medio de la hecatombe de la toma y retoma del Palacio.
UN DÍA DESPEJADO
Aquel 6 de noviembre amaneció despejado en el centro de la ciudad, donde se hallaba el edificio de cuatro pisos de fachada de marmolina (una piedra tallada) del Palacio de Justicia, que albergaba tanto la sede de la Corte Suprema como del Consejo de Estado, otra instancia judicial colombiana.
De pronto las palomas de la Plaza de Bolívar despegaron en un vuelo nervioso ante el estruendo de una balacera desatada con la entrada de 42 rebeldes del M-19 al Palacio, matando a tiros a por lo menos dos vigilantes y anunciando en una proclama pública que deseaban enjuiciar al entonces presidente Belisario Betancur (1982-1986) por “traición a la patria” por la violación a un cese al fuego pactado con esa guerrilla en octubre de 1984.
Pasados apenas 20 minutos, unidades militares y vehículos blindados se lanzaron a la retoma del Palacio, penetrando por la puerta principal y la del sótano, haciendo replegar a los pisos superiores a los rebeldes y a los magistrados y trabajadores que retenían.
Varios tanques bombardearon la gran puerta de vidrio de la sede judicial en un enfrentamiento que se extendió 26 horas.
“La respuesta militar fue inmediata, desproporcionada y a gran escala”, dijo en 2006 el informe preliminar de la llamada Comisión de la Verdad, creada un año antes por la Corte Suprema con el fin de recopilar datos y dar “a conocer a la sociedad y a las víctimas la verdad de lo ocurrido”.
No hay una fecha precisa para que la Comisión revele su informe final.
LLAMADO DRAMÁTICO
“Por favor, que cese el fuego para negociar con esta gente”, sonó la voz angustiosa del presidente de la Corte Suprema, magistrado Alfonso Reyes Echandía, al hablar con una radio local desde su despacho en medio del tiroteo, en un mensaje que está grabado en los archivos de la Comisión de la Verdad.
Fueron casi dos días de balacera “y 23 años de impunidad que no he podido olvidar”, dijo Guarín, un ingeniero en sistemas de 45 años.
Cristina del Pilar Guarín tenía 27 años y era graduada en Ciencias Sociales. Se disponía a viajar a España a realizar una especialización, pero unos días antes del viaje accedió a ayudar a su amigo Carlos Rodríguez, quien era el administrador de la cafetería del Palacio de Justicia, como cajera en el local, contó su hermano.
Cristina es una de los 11 desaparecidos que dejó la acción, en la que murieron todos los guerrilleros, menos una, Clara Helena Enciso, quien logró escaparse y estaría exiliada en México, según algunas versiones.
Su hermano René desde aquellos días no ha cesado en denunciar el caso y buscar respuestas: ha organizado desde protestas, representa como vocero a los familiares de los 11 desaparecidos y hasta viajó a Europa en diciembre de 2006 a conocer a Ricardo Gámez, un ex agente de inteligencia del ejército en la época y quien le dio pistas sobre cómo murieron varias personas.
Con sus datos, Guarín conoce el caso al dedillo y se ha convertido en uno de los principales motores para que la Fiscalía avance en el proceso.
UNA SITUACIÓN MUY COMPLICADA
La toma del Palacio y la respuesta de los militares dejaron una enredada madeja judicial y procesos penales que se abrieron y cerraron por decisión de diferentes tribunales, hasta que la Fiscalía General puso el dedo en la llaga hace dos años y comenzó a investigar nuevamente desde cero.
La Fiscalía ordenó la detención de siete militares retirados, incluido el coronel Alberto Plazas, quien era el comandante de la Escuela de Caballería que comandó la recuperación del Palacio de Justicia y cuyo juicio comenzó esta semana.
Los otros detenidos son el general Iván Ramírez Quintero, quien era coronel cuando la toma y estaba entonces al mando del Batallón de Inteligencia del ejército; el coronel Edilberto Sánchez, el capitán Oscar William Vásquez y los sargentos Luis Fernando Nieto, Ferney Ulmadrin y Antonio Rubay Jiménez.
El 25 de junio, la Fiscalía llamó a interrogatorios al general retirado Rafael Samudio, quien era el Comandante General del Ejército en 1985, así como al general retirado Jesús Arias, quien era Jefe de la Brigada XIII del ejército, acantonada en Bogotá. Ambos deberán dar explicaciones bajo sospechas de haber incurrido en el delito de “desaparición forzada”, por el caso de los 11 desaparecidos.
Las llamadas de la AP a abogados de algunos de los generales enjuiciados no fueron respondidas.
La Fiscalía interrogó, además, al ex presidente Betancur en el caso de los dos generales Samudio y Arias.
El entonces ministro de Defensa, el general Miguel Vega Uribe, murió en septiembre de 1993.
UNA DUDA RAZONABLE
“Dudo mucho que termine haciéndose justicia”, dijo Carlos Betancur, quien era el presidente del Consejo de Estado en la época y milagrosamente logró escapar, 12 horas después del asalto rebelde, junto con otras 14 personas.
Betancur, sin relación familiar con el ex presidente, hace notar que la mayoría de las pruebas del caso “están perdidas o se manipularon en la primera época, porque hubo al principio una marcada tendencia a absolver al gobierno y a las fuerzas militares”.
Según el ex magistrado, los militares tomaron el control total de la situación pasando por encima del Jefe de Estado en un virtual Golpe de Estado.
“A él (al presidente Betancur) lo marginaron. El ejército y la policía tomaron por su cuenta eso”, expresó.
Pero el ex presidente Betancur lo niega. “En todo momento yo mantuve el control de la situación”, afirmó a la prensa y a la Comisión de la Verdad.
Otty Patiño, ex dirigente del M-19 que no participó en la toma, admite que la guerrilla “cometió un error de apreciación” en la acción del Palacio, puesto que esperaba que las autoridades responderían de la misma forma que cuando los rebeldes ocuparon por 61 días en 1980 la embajada de República Dominicana en Bogotá y todo se solventó en una negociación, sin un solo muerto.
Tras entrar en un proceso de paz con el gobierno, los integrantes del M-19 fueron indultados, en un acuerdo de paz ratificado por el Congreso en marzo de 1990.
El ministro de Justicia de la época, Enrique Parejo, dijo que “indudablemente los culpables, al menos los que movieron esa máquina infernal, que causó tantas muertes, fueron los señores del M-19”, pero explicó que los militares “incurrieron también en abusos. Se excedieron en el cumplimiento de la tarea de recuperar el Palacio”.
TODA CLASE DE VIOLACIONES
En las acciones (militares) “hubo tortura, desmanes, toda clase de irregularidades que son inconcebibles en la fuerza pública de un Estado que se define como Estado de Derecho”, dijo Parejo.
Carlos Medellín, ex ministro de Justicia e hijo de Carlos Medellín Forero, uno de los magistrados muertos en el Palacio, expresó que los familiares de las víctimas siempre han pedido una investigación imparcial de los hechos.
