El presidente de la Junta Directiva y Director del Diario LA PRENSA, don Jaime Chamorro Cardenal, se amparó el miércoles pasado, 23 de julio, contra la absurda, injusta, arbitraria, revanchista y represiva acusación criminal que le ha hecho la Fiscalía subordinada a Daniel Ortega, en el caso de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis).

Don Jaime Chamorro dice en su recurso de apelación, el cual fue remitido mediante el sistema aleatorio de distribución de causas a la Sala Civil Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), que la acusación de la Fiscalía es un acto administrativo y por lo tanto recurrible de amparo, el cual “le está violentando derechos y garantías establecidos en la Constitución Política de Nicaragua. Lo que quiere el gobierno de Daniel Ortega —asegura don Jaime— es desprestigiarme a mí y a LA PRENSA, como lo demuestran los anuncios que desde hace meses me acusan de haber robado con los Cenis…”. El Director de LA PRENSA argumenta que la descabellada acusación contra él “también amenaza la libertad de expresión” y “es la ejecución o puesta en práctica de la nueva orden del presidente Ortega de darle con ‘el acero de guerra’ a todos aquéllos que han dicho democracia sí, dictadura no”. E hizo ver don Jaime Chamorro Cardenal, que una prueba fundamental a su favor es que nadie de los que quebraron los bancos ha sido acusado por la Fiscalía.

En realidad, es evidente que la acusación de la Fiscalía contra don Jaime Chamorro Cardenal es infundada, arbitraria e injusta, porque él no es ni ha sido dueño de ningún banco que haya quebrado, ni banquero quebrador de alguna institución financiera. Tampoco don Jaime Chamorro Cardenal es funcionario público para que se le puedan imputar delitos de fraude y tráfico de influencias, y además no tiene nada que ver con los supuestos delitos contra la economía, industria y comercio de los que sin ningún fundamento serio habla la acusación.

En realidad, de lo que se trata es de una acción represiva instigada por Daniel Ortega, “porque —como dice don Jaime Chamorro— soy el Director de LA PRENSA, que siempre ha dicho la verdad y lo va a seguir haciendo. Yo le recuerdo (a Ortega, añade don Jaime) que Somoza nos dio con acero y plomo, pero de nada le sirvió porque está demostrado en la historia de las civilizaciones que la fuerza de la libertad siempre triunfa sobre la fuerza” (bruta de la opresión y la represión).

Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha dicho tácitamente que no hubo delitos en este caso tan sonado por el Gobierno, al confirmar “que la renegociación de la deuda de los Cenis realizada en el 2003 y la posterior venta de los activos residuales de los bancos quebrados, permitieron a Nicaragua no sólo conservar la estabilidad macroeconómica, sino también asegurar el perdón de más de 6,000 millones de dólares de deuda externa”, tal como informó LA PRENSA en su edición del viernes pasado. Una deuda externa desmesurada que por cierto fue creada por el anterior gobierno de Daniel Ortega. Además, el FMI señaló, por medio de una declaración de David Hawley, consejero del Departamento de Relaciones Externas de dicha institución financiera internacional, que con la operación de los Cenis Nicaragua “aseguró financiamiento internacional a través de la Iniciativa para Países Pobres Altamente Endeudados y de la Iniciativa Multilateral de Alivio de la Carga de la Deuda (HIPC y MDRI, respectivamente, por sus siglas en inglés)”. De manera que no se cometió ningún delito con la renegociación de los Cenis y, por lo tanto, carece de fundamento la acusación que la Fiscalía ha presentado también contra Eduardo Montealegre.

Finalmente, es muy importante el hecho de que la tramitación del recurso de amparo que presentó don Jaime Chamorro Cardenal, le haya correspondido a una sala del Tribunal de Apelaciones de Managua en la que dos de los tres magistrados son de tendencia liberal. De manera que si estos magistrados liberales actúan con sentido de justicia y apegados a derecho, no sólo tienen que aceptar el recurso de amparo de don Jaime y mandarlo a la Corte Suprema de Justicia, sino también suspender el acto, es decir, la acusación de la Fiscalía que atenta contra la dignidad y la libertad del recurrente, y que apunta contra el corazón de la libertad que de acuerdo con la filosofía y el pensamiento liberal, es el derecho a la libre expresión del pensamiento y a la libertad de prensa.