El marco jurídico de toda nación es, esencialmente, la pauta que marca los límites del ejercicio del poder y el ejercicio pleno de ciudadanía. Idea fundamentada en el concepto de “estado de derecho” (Estado regido por la ley).
Philippe Braud, politólogo francés, ha planteado una pregunta reveladora: “¿Podemos decir que la violencia de Estado comienza sólo con la salida del marco jurídico?” ¿Habrá un tipo de violencia autorizada por el marco jurídico? Sí. Braud escribe: “Son los regímenes más represivos los que tienen el concepto más amplio de las violaciones jurídicamente autorizadas”.
La historia de Latinoamérica principalmente en el campo jurídico-político evidencia que la violencia de Estado (en la mayoría de sus expresiones) ha sido una práctica que se repite con frecuencia a intervalos breves.
V. Gordon Childe, célebre arqueólogo australiano, expresó en su clásico estudio sobre la prehistoria que: “Los hombres aprendieron a actuar en compañía y cooperando unos con otros, en la adquisición de su subsistencia”.
Es una verdad de Perogrullo, pero a veces olvidada, que la cooperación “unos con otros” es un principio elemental que, hoy más que nunca, sobresale en la política internacional de las naciones que han conquistado mejores niveles de vida para sus ciudadanos.
En Latinoamérica se observa el principio opuesto: “unos contra otros”, sumado, una estrechez de miras de la cultura y las expectativas de progreso de los ciudadanos. El conflicto ha sido el modus vivendi (medio y fin de algunos líderes), como señala Braud: “En los Estados del Tercer Mundo los dirigentes elegidos a raíz de las guerras de independencia se han valido de este recurso para afianzar su nuevo poder. Un régimen nacido de una revolución cruenta o de una guerra civil pone todo su empeño en justificar la represión de sus oponentes invocando el temor a un retorno de la violencia”.
Cuando se observa quiénes reciben las ventajas (reducido grupo en extrema opulencia) y quiénes reciben los perjuicios (mar de ciudadanos en extrema pobreza) de este principio inverso, se encuentran mayores argumentos para sostener la tesis de que los conflictos internos, además de no ser cándidos, han sido y son pretextos para ocultar proyectos políticos calculados (que incluyen el endurecimiento de los juicios políticos).
Albert Bandura pone en relieve que: “El recurso de la violencia no es necesariamente una reacción de individuos airados sino, más bien, la consecuencia lógica del aprendizaje eficaz”, que a mi juicio deviene de un conjunto infinito de prejuicios y actitudes provincianas, avaladas, en gran medida, por sistemas educativos no ajustados a las exigencias de nuestro tiempo y el ejemplo de una forma decimonónica de hacer política, y que algo tienen que ver con la afirmación de Doris Lessing, Premio Nobel de Literatura 2007:
“Estáis siendo indoctrinados. Todavía no hemos encontrado un sistema educativo que no sea de indoctrinación (…) Lo que aquí se os está enseñando es una amalgama de los prejuicios en curso y las selecciones de esta cultura en particular. La más ligera ojeada a la historia os hará ver lo transitorio que pueden ser. Os educan personas que han sido capaces de habituarse a un régimen de pensamiento ya formulado por sus predecesores. Se trata de un sistema de autoperpretación”.
Conflictos, siempre hay y habrán. Aprender a gestionarlos desde el marco jurídico “del Estado de Derecho” (sin duda, a base de ensayos y equivocaciones pero con voluntad inagotable), fue la primera tarea que acometieron los líderes y ciudadanos de las naciones que han conquistado, en poco tiempo, condiciones elevadas de vida para sus ciudadanos.
A manera de conclusión. No sólo resulta infantil e ingenuo que una nación considere que el progreso se puede conquistar sin un “Estado de Derecho”. Que un pueblo considere esto, demuestra que no ha entendido una enseñanza fundamental de la historia: a saber, que el sometimiento, del poder, a la ley, es y será, una condición básica para procurar la libertad del ciudadano y de la sociedad; y que la participación activa, crítica e inteligente de los ciudadanos en los asuntos públicos contribuye a que las instituciones públicas funcionen con independencia, transparencia y eficiencia.
