El estadounidense Norman Sendfeld recibirá el próximo mes cinco millones de dólares del Gobierno de Nicaragua, como pago por una expropiación que sufrió hace casi treinta años, durante el primer gobierno sandinista en la década de los ochenta, informaron ayer en conferencia de prensa el Canciller de la República, Samuel Santos, y el Procurador General, Hernán Estrada.
Santos explicó que Sendfeld fue propietario de una empresa textilera en la Carretera Norte, de Managua, que “pasó a ser propiedad del Estado” hace unos 28 años y que no fue pagada por los gobiernos anteriores al de Daniel Ortega.
Según Santos y Estrada, en los 16 años anteriores a este segundo gobierno de Ortega, Sendfeld recibió ofertas de mayores indemnizaciones por su propiedad, pero el estadounidense no las aceptó porque varios funcionarios —que no precisó— pretendían “coimas” o comisiones por la misma.
SENDFELD NO HABLÓ
Sendfeld, un hombre alto, recio y de cabellos blancos, estuvo al lado de Santos y Estrada durante las declaraciones, pero no se dirigió a los medios de comunicación porque —según dijo Santos— no habla español.
Santos mostró, pero no detalló, el documento de intención que firmó ayer Sendfeld con el procurador Estrada, en la sede de la Cancillería.
El Canciller afirmó que en el documento de compromiso Sendfeld “reconoce y agradece la eficiencia del Gobierno”, de Ortega y la “manera limpia y transparente” en la que ahora se resolvió la reposición por su propiedad “sin el beneficio de terceros, menos de funcionarios públicos”, como antes se quiso.
INDEMNIZACIONES SUMAN DIEZ MILLONES A LA FECHA
Estrada estimó que Sendfeld fue uno de los estadounidenses excluidos de las soluciones que extendieron los gobiernos anteriores y detalló que del 2007 a la fecha este Gobierno ha pagado indemnizaciones a mil 472 ciudadanos de ese país.
Según el Procurador, durante estos siete meses, el total pagado por el Gobierno a estos ciudadanos suma unos 10 millones de dólares.
No obstante, reconoció también que en la lista de reclamantes aún figuran otros 324 casos que prometió serán “honrados con equidad y justicia”.
Estrada dijo que de esa lista de pendientes sólo cuatro son estadounidenses.
Asimismo no se refirió al proceso que la Procuraduría inició recientemente contra la inversión del grupo español Barceló, en Montelimar.
