Después de la operación de rescate a Ingrid Betancourt y otros catorce rehenes, algunos analistas aseguran que el futuro de las FARC es incierto y que sus días están contados. Eso probablemente sea cierto. Con esto existe la posibilidad de que Nicaragua se vea afectada por un flujo masivo de terroristas colombianos.
Los golpes que esa organización ha sufrido en el último año han producido un desmoronamiento y desconcierto en sus filas que respaldan lo asegurado por los entendidos.
La muerte de “Raúl Reyes”, alto directivo del grupo insurgente, agregado a la reciente desaparición de Pablo Antonio Marín Marín, alias “Manuel Marulanda”, jefe máximo de las FARC, han degenerado en una serie de derrotas de orden moral, político, militar y de relaciones públicas, para la narcoguerrilla colombiana.
Hace pocas semanas, Nelly Ávila, alias “Karina”, ex comandante del Frente 47, declaraba a agentes de la inteligencia militar colombiana que “no se puede confiar en nadie, porque cualquiera lo puede traicionar a uno”. Esa quizá fue la razón por la que esa mujer con muchos años de vida guerrillera, decidiera entregarse a las autoridades en vez de terminar sus días en el fondo de una desconocida fosa en lo profundo de la selva.
La efectividad y precisión con la que se llevó a cabo el operativo de rescate dejó boquiabiertos a todos, especialmente a los aliados de los secuestradores, de tal manera que hasta el día de hoy, pocos se han atrevido a emitir su opinión. Chávez, uno de los menos, ha tratado de lavar su cara, dando expresiones de alegría, igual que lo ha hecho Daniel Ortega, su procónsul en Nicaragua.
Una repetición de golpes letales a la insurgencia colombiana produciría sin duda alguna, una desbandada de sus integrantes, lo que los obligaría a buscar refugio en sus conocidos puntos de apoyo: Venezuela, Bolivia y Nicaragua. El otorgamiento de estatus de refugiados otorgado por el gobierno de Ortega a tres mujeres capturadas en marzo pasado, sería motivador para que muchos narcoguerrilleros intenten llegar a nuestro país.
Con el panorama arriba descrito, Nicaragua podría convertirse una vez más en la meca del terrorismo internacional, tal como lo fue en los años ochenta y como lo detalla un artículo publicado hace algunas semanas en la revista Stratfor’s, especializada en temas de inteligencia.
El artículo en cuestión recuerda los miles de casos de asilo que fueron otorgados a reconocidos personajes del mundo del terrorismo cuando el FSLN ejercía el poder y por lo tanto el control sobre el Departamento de Migración y Extranjería. Muchos de esos incluso recibieron la ciudadanía nicaragüense de manera súbitamente sospechosa.
Como muestra, un pequeño botón. Recientemente LA PRENSA denunció que Alberto Gutiérrez, un integrante de las FARC, arribó a Nicaragua y de manera casi inmediata obtuvo una cédula de identidad. Como es bien sabido, la posesión de este documento permite gestionar pasaporte, carné de Seguro Social, licencia de conducir, etc., etc., facilitando así que cualquier malviviente se convierta en nicaragüense. ¡Cómo si no fuera suficiente con los que ya tenemos en existencia!
La posible llegada de parte de los diez mil miembros de las FARC sería doblemente dañina para nuestra nación, pues además de significar un aumento en la población, éstos vendrían a engrosar las filas del ejército de desempleados; sin preparación alguna que les permita subsistir de manera decente pues los únicos conocimientos que poseen únicamente los califican para vivir de la guerra. Especialistas en secuestros y asesinatos.
Si bien es cierto que algunos países del continente han elegido a gobiernos supuestamente de izquierda (ahora cualquiera se denomina revolucionario), Nicaragua todavía gira, en diversas maneras, alrededor de Estados Unidos. Si el gobierno del presidente Ortega insiste en apoyar, encubrir y soliviantar a residuos de esa calaña, entonces los nicaragüenses en general correríamos el riesgo de ser quienes paguemos por los platos rotos al sufrir represalias políticas y económicas.
