El ingeniero Jaime Chamorro Cardenal recurrió de amparo en contra de la acusación que le hace la Fiscalía General de la República por el caso de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis).
El recurso, presentado por la abogada Violeta Núñez, fue radicado en la Sala Civil Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), integrado por los magistrados liberales José Denis Maltez Rivas, presidente, y José Dolores Barquero Brockman, así como por la sandinista Rafaela Urroz.
Chamorro Cardenal, presidente de la Junta Directiva del Diario LA PRENSA, indicó que la acusación, que es un acto administrativo, le está violentando derechos y garantías establecidos en la Constitución Política de Nicaragua.
“Lo que quiere el Gobierno de Daniel Ortega es desprestigiarme a mí y a LA PRENSA, como lo demuestran los anuncios que desde hace meses me acusan de haber robado con los Cenis. Ahora ya no son los Cenis sino una escritura que firmé en representación de una corporación”, se quejó Chamorro Cardenal.
Asimismo agregó que la acusación también amenaza la libertad de expresión.
Para Chamorro Cardenal, la acusación del fiscal Armando Juárez es la ejecución o puesta en práctica de la nueva orden del presidente Ortega de darle con “el acero de guerra” a todos aquéllos que han dicho democracia sí, dictadura no.
Una prueba, según Chamorro Cardenal, es que ningún dueño de banco o banquero que quebró bancos, o compró o participó en la operación Cenis ha sido acusado por la Fiscalía.
“(Ortega) lo hace porque soy el Director de LA PRENSA, que siempre le ha dicho la verdad y lo va a seguir haciendo. Yo le recuerdo que Somoza nos dio con acero y plomo, pero de nada le sirvió porque está demostrado en la historia de las civilizaciones que la fuerza de la libertad siempre triunfa sobre la fuerza”, dijo Chamorro Cardenal.
Entre los derechos y garantías que se le han agredido a Chamorro Cardenal, según el recurso, se encuentran el reconocimiento a su personalidad y capacidad jurídica, el respeto de su honra y reputación, el que ninguna persona está obligada a hacer lo que la ley no mande, ni impedida de hacer lo que no prohíbe, a que se presuma su inocencia mientras no se le demuestre culpabilidad conforme la ley y a no ser procesado ni condenado por acto u omisión que, al tiempo de cometerse, no esté previamente calificado en la ley como punible.
La Fiscalía decidió acusar a Chamorro Cardenal por la supuesta cooperación en la comisión de delitos contra la economía nacional, la industria y el comercio, el de tráfico de influencia y fraude.
El recurso de amparo va en contra del fiscal especial de los Cenis, Armando Juárez; la fiscal adjunta Ana Julia Guido, el Fiscal General Julio Centeno y cualquier otro funcionario de la Fiscalía que proceda en contra de Chamorro Cardenal.
“Varios magistrados han dicho que cabe el recurso de amparo (en contra de las acciones de la Fiscalía)”, dijo Chamorro Cardenal.
La abogada de Chamorro Cardenal, Violeta Núñez, explicó que la acusación en este momento no tiene sentido, debido a que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aún no ha resuelto los amparos presentados por ex directivos del Banco Central de Nicaragua (BCN).
Añadió que si la Corte dice que fue legal la emisión de Cenis y que no está bien fundamentada la resolución de la Contraloría, que determina presunción de responsabilidad penal a ex directivos, la acusación no tendrá razón de ser.
“Como la Fiscalía ha tomado la decisión de enjuiciarme y someterme al escarnio público por el proceso que pretende, tengo sobrados temores para la interposición del presente recurso, peligrosamente alarmado por esa disposición”, dice Chamorro Cardenal en el escrito de amparo.
Además, dijo Núñez, los delitos de fraude y tráfico de influencias sólo se aplican a funcionarios públicos, pero Chamorro Cardenal nunca ha sido empleado del Estado.
El director de LA PRENSA también señaló que, respecto a la imputación de delitos contra la economía, industria y comercio, “no tiene nada que ver con lo que relata la acusación”.
LA ACUSACIÓN ES PARA DIFAMAR MI NOMBRE Y EL DE LA PRENSA
Para Chamorro Cardenal, el que la Fiscalía pretenda someterlo a juicio sin razón para ello y para que el país entero juzgue una conducta supuestamente impropia, desconoce de manera flagrante el derecho al honor.
“Esta acusación se está haciendo para difamar, ensuciar el nombre del señor Chamorro y de LA PRENSA, esto es más que todo personal, porque él nada ha tenido que ver, simplemente él actuó en nombre y representación de una empresa, de una sociedad anónima, lo cual se hace normalmente”, manifestó la abogada Núñez.
Según Chamorro Cardenal, la acusación se origina porque, en nombre y representación de la compañía Corporación Bancentro, suscribió la escritura número 10, mediante la cual Corporación Bancentro adquirió del Banco Central de Nicaragua (BCN) las propiedades número 76,922 y 68,978, inscritas en el Registro Público de Managua y conocidas como antiguo Centro Banic y el edificio que actualmente ocupa el Ministerio Público.
Es importante señalar, explica el recurso de amparo, que la adquisición de las propiedades por parte de Corporación Bancentro tiene como causa jurídica la cesión que le hizo el Bancentro, que a su vez obtuvo las propiedades en la subasta de esos bienes que realizó el BCN y por las cuales pagó 78 millones 158 mil 715 córdobas con 96 centavos, equivalentes a cinco millones 172 mil 306 dólares.
“La decisión fiscal de someterme a juicio público sin responsabilidad de mi parte, en la supuesta lesión patrimonial o probable puesta en peligro de bienes jurídicos que el Derecho penal protege, no son suficientes para que sobre mi persona pese la carga de sufrir una pena”, expuso Chamorro Cardenal.
El director de LA PRENSA agregó que la Fiscalía debió, en el caso suyo, realizar investigaciones serias y exhaustivas, no festinadas como lo fueron, para demostrar la supuesta voluntad dolosa. La acusación de la Fiscalía no prueba que Chamorro Cardenal haya actuado mal.
“Por lo tanto el delito (que me atribuyen) no se cometió y la acusación en mi contra cae por su propio peso”, afirma Chamorro Cardenal.
“SÓLO RECIBIÓ EN NOMBRE DE OTRO”
De acuerdo con Chamorro Cardenal, su no responsabilidad se basa sobre que actuó por delegación, lo cual es totalmente lícito.
El haber suscrito la escritura número 10 con el BCN fue un acto realizado dentro del ordenamiento jurídico y protegido por la Constitución, la cual establece la seguridad jurídica para los ciudadanos, según indica el recurso de amparo.
“No cometí los delitos (que me atribuye la Fiscalía) cuando suscribí con el Banco Central la citada escritura número 10. En ninguna de las supuestas conductas señaladas por la Fiscalía soy colaborador necesario. Mi intervención por delegación de la Junta Directiva de Corporación Bancentro se limitó a la suscripción de dicho documento”, explicó Chamorro Cardenal.
“Si la adjudicación de las susodichas propiedades fue por un precio muy bajo, y el Fiscal considera esta adjudicación lesiva a los intereses del patrimonio del Estado, en este caso la Corporación Bancentro nada tiene que ver, pues fue al banco Bancentro al que se le adjudicaron las propiedades y este banco fue el que pagó al Banco Central”, aclara el recurso de amparo.
En dicho recurso se solicita a la Sala Civil de Tribunal de Apelaciones de Managua se decrete de oficio la suspensión de la acción penal iniciada en contra de Chamorro Cardenal por la Fiscalía, para que el fiscal Armando Juárez se abstenga de seguir interviniendo en el juicio penal incoado en su contra hasta que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no resuelva el amparo.
Chamorro Cardenal también pide a la Sala de lo Constitucional que declare con lugar el amparo y restaure el imperio y supremacía de la Constitución Política de la República, poniendo fin a la violación y amenazas de sus derechos y garantías constitucionales.
