Excepto el contralor colegiado Lino Hernández Trigueros, en los últimos días no se ha escuchado que ningún otro funcionario de la Contraloría General de la República (CGR) considere que ha visto derroche de uso de bienes del Estado por parte del Presidente de la República, Daniel Ortega Saavedra. Tampoco ven algo parecido la Fiscalía ni los diputados de la Asamblea Nacional y, en fin, ninguno de los que están en las distintas instituciones del Estado, que bien pueden aplicar la ley.
Siempre salen a relucir una que otra vez declaraciones que sobrepasan el descaro, cuando algunos funcionarios han dicho que si tienen pruebas, que presenten la denuncia. Ellos son incapaces para actuar de oficio una vez que en los medios de comunicación aparecen las denuncias con testimonios y fotos del uso y derroche de bienes del Estado para las fiestas partidarias de Ortega.
En realidad, hasta hoy sólo el Movimiento Vamos con Eduardo y el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) se han pronunciado sobre estos actos dictatoriales de Ortega, pero, ¿dónde está ese 62 por ciento que dio la espalda a Ortega? O será que está satisfecho con el rumbo que este Presidente le está dando al país.
Lo que es inaceptable es dejar que Ortega utilice el Poder Judicial, la Policía, la Fiscalía, la Contraloría, el Poder Electoral, el Legislativo y el Sistema Penitenciario para mantener sometidos a todos los nicaragüenses que no piensan y actúan como él y su gente.
Él habla de los ladrones de los Cenis y se encumbra insultando a los oligarcas a quienes tilda de enemigos, cuando él realmente es uno de los más corruptos de este país y sencillamente no le pasa nada.
¿Acaso no es corrupción darse esos lujos de Primer Mundo cuando se manda a construir tarimas gigantescas, aire acondicionados, flores.
Ah, pero sí hay que quitarle el partido a Eduardo Montealegre, sí hay que eliminar al MRS, sí hay que desterrar al Partido Conservador (PC), sí hay que encarcelar al secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, quien enfrentará juicio oral y público el próximo 5 de agosto, acusado por atentar contra la autoridad y sus agentes. ¿Acaso Ortega no atenta contra la estabilidad política, económica y social todos los días en este país?, ¿acaso Ortega no nos pone en situaciones incómodas frente a Colombia, refugiando a guerrilleras o terroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)? O lo que es peor, ¿acaso no nos pone en riesgo al aceptar hablar en Nicaragua con criminales de las FARC?
¡Por Dios! Suficiente con lo que él y sus nueve comandantes hicieron en los años ochenta. No puede ser que una vez más y en menos tiempo, Ortega deje otra vez a Nicaragua en una situación precaria.
Y tanto los diputados danielistas como los del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), como que no pasa nada en este país con los recursos del Estado. Claro, ellos con tal de tener sus miles de dólares mensual, su combustible, su vehículo y todos los beneficios que da el poder, no les importa que Nicaragua se deteriore cada día. A ninguno de los que come de los manjares del poder les importa qué se hace con el pago de nuestros impuestos que deberían estar invertidos en mejores cosas que el derroche que hace Ortega. ¿Y del dinero de la ayuda venezolana, cuándo rendirá cuenta Ortega?, señores encargados de aplicar la ley.
