La directora de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, reconoce que cuando se es parte de un conflicto “es difícil ser objetivo”. Pero la jefa policial se refería a la parte denunciante de la matanza en El Encanto, lo que dejó entrever por dónde puede inclinarse la balanza en este caso.
José Tránsito Ríos y Felipe Hurtado, dos de los dueños de la propiedad El Encanto, han insistido en sus denuncias de supuesta persecución, después de haber denunciado los hechos ocurridos el 21 de mayo en esa finca, ubicada en El Tumarín, La Cruz del Río Grande.
En esa ocasión, tres personas fallecieron a raíz de la incursión de una patrulla combinada, que realizó un allanamiento de la finca sin contar con orden judicial.
En el incidente ocurrido en la finca El Encanto resultaron muertos José Miguel Salazar, Santos Reyes y Marvin López, y herido un soldado del Ejército. Los resultados de una investigación del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos calificaron la actuación como arbitraria.
¿QUEDÓ INCONFORME?
Los socios de El Encanto dijeron el pasado viernes que temen represalias en su contra, como resultado de la denuncia de lo ocurrido en Managua ante los medios de comunicación y ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), para evitar que el caso quedara en la impunidad.
“Como que don Joaquín no quedó conforme”, dijo en ese momento Hurtado, refiriéndose al delegado policial en La Cruz del Río Grande, capitán Joaquín Jiménez.
Incluso, Hurtado y Ríos dijeron que han conocido que el oficial ha llegado a abordar a Genaro Calero González, uno de los propietarios que vendió tierras, parte de lo que ahora es la propiedad El Encanto.
Entre otras cosas, según los denunciantes, Jiménez estuvo indagando con Calero cómo habían adquirido éstos esa propiedad y que si lo llamaban a declarar si estaba dispuesto a hacerlo.
Tras esas aseveraciones de los productores vecinos, y después que la Policía ordenó el desarme, Hurtado y Ríos dijeron que siguen enfrentando peligro.
Consultada la directora de la Policía, primera comisionada Aminta Granera, sobre la denuncia de los socios de El Encanto, dijo que únicamente conoce lo que ha salido publicado en los medios de comunicación.
TAREA DEL INSPECTOR GENERAL
Adelantó que el Inspector General de esa institución, comisionado general Juan Báez, ya envió a un supervisor al lugar “para tener la versión objetiva y real de los hechos”.
“Hay que entender que cuando (se) es parte de un conflicto, es difícil ser objetivo, que es el caso de esta gente, se dicen tantas cosas, nosotros tenemos otra información también, antecedentes delictivos, uso indebido de las armas de fuego, violaciones a la Ley 510 de posesión de armas de fuego”, comentó la funcionaria policial.
“Y si hacer cumplir la ley y cumplir la seguridad, lo interpretan como una persecución, entonces es difícil...”, dijo Granera.
Pese a todo, la funcionaria aclaró que es el Inspector General el responsable de hacer la investigación, y en este caso éste ya envió a tres personas de la Dirección de Asuntos Internos y de la Inspectoría General.
“Y ellos pasarán el informe y vamos a tomar las medidas que sean, como siempre lo hemos hecho”, prometió Granera.
A la fecha, dos oficiales de la Policía y un soldado del Ejército son procesados en Bluefields por la muerte de los tres trabajadores de El Encanto.
