A pesar de que el nombramiento de la Fiscal Electoral, Blanca Salgado, ya fue oficializado por el Ministerio Público, previa solicitud del Consejo Supremo Electoral (CSE), la funcionaria expresó que cualquier violación a la Ley Electoral es considerada delito electoral hasta que inicia la campaña, lo que sucederá el 25 de septiembre.
Esto implicaría que la utilización de recursos del Estado de parte del partido de Gobierno no puede ser clasificada dentro de las sanciones estipuladas en la legislación electoral.
El artículo 10, inciso 15 de la Ley Electoral, indica que entre las atribuciones del Poder Electoral está demandar el nombramiento del Fiscal Electoral al Fiscal General de la Nación.
De acuerdo con Salgado, la función de la Fiscal Electoral es “para conocimiento de los delitos electorales que se cometan dentro de la campaña electoral”.
El calendario electoral estableció en un primer momento, la apertura de la campaña para el 18 de septiembre, pero con la reforma para trasladar los comicios municipales del 2 al 9 de noviembre, todas las fechas de las actividades se modifican en siete días.
SIN EMBARGO, PUEDE INVESTIGAR
La Fiscal Electoral Salgado expresó que si alguna agrupación política o ciudadano presenta una denuncia o acusación, por el uso de recursos del Estado o proselitismo político en oficinas públicas, puede dar trámite e investigarlo desde su función de Fiscal dentro del Ministerio Público, pero no lo reciben como delito electoral.
“Esa actividad (uso de recursos estatales), delito electoral como delito electoral, no es, puede que haya otra determinada actividad contraria (otra tipificación prevista en otras legislaciones), de eso no te puedo decir específicamente, pero como delito electoral no es, porque los delitos electorales se cometen dentro de la campaña electoral”, manifestó Salgado.
Salgado añadió que puede actuar de oficio, siempre y cuando el delito electoral se cometa en el período establecido para la campaña electoral, que de acuerdo a la Ley Electoral, para los comicios municipales tiene una duración de 42 días, a diferencia de las nacionales, que es de 75 días.
CONTRALORÍA TAMBIÉN
El presidente del Poder Electoral, Roberto Rivas, dijo hace días que quien realizase proselitismo político en instituciones públicas hace apología del delito, y en ese sentido la fiscal Salgado señaló que además del Ministerio Público, también la Contraloría puede investigar.
En lo que respecta a actividades delictivas con documentos de identidad, como sustracción de parte de los mismos funcionarios de los Consejos Electorales, la fiscal Salgado dijo que eso corresponde a las autoridades competentes, previa denuncia en la Policía Nacional y en el mismo Ministerio Público.
PLC ANALIZARÁ ACUSACIÓN
El asesor para asuntos electorales de la Alianza Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Silvio Américo Calderón, expresó que todavía esa agrupación política no ha tomado una decisión para presentar una acusación formal por el uso de bienes del Estado por el partido de Gobierno, así como poner propaganda en edificios públicos, ya que deben analizar políticamente en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), la violación o no de la Ley Electoral.
“De acuerdo a la resolución que se adopte, se le da instrucción al coordinador jurídico nacional de campaña para proceder a la elaboración del escrito, para que éste sea firmado por el representante legal (Wilfredo Navarro), éste actúa por decisiones políticas y con instrucciones del CEN”, indicó Calderón.
Señaló que es posible que en los próximos días se realice una sesión extraordinaria del CEN, y que éste sea uno de los puntos de agenda.
Para el ex magistrado electoral, diversos sectores coinciden que con las publicaciones en diversos medios de comunicación del uso de bienes estatales en actividades partidarias, específicamente del Frente Sandinista, queda en evidencia el abuso en la utilización de los recursos estatales para hacer proselitismo político a favor del Frente Sandinista.
“No sólo han obligado a los empleados y funcionarios públicos sin pertenecer, sin coincidir, sin simpatizar con esa ideología partidaria; los hacen asistir a sus actividades, so pena de perder su puesto, entonces esto es más que evidente”, precisó Calderón.
Por su parte, el representante legal de Alternativa por el Cambio (AC), Orlando Tardencilla, dijo brevemente que en este momento las autoridades de ese partido político se encuentran analizando cada una de las violaciones cometidas a la Ley Electoral, en cuanto al evidente uso de recursos del Estado, vinculados a actividades partidarias como el Repliegue y la celebración del vigésimo noveno aniversario del triunfo de la revolución sandinista.
También el proselitismo político que hacen a favor de los candidatos del Frente Sandinista en instituciones del Estado, Alexis Argüello y Daysi Torres.
Para estos dos delitos, contemplados en el artículo 175 de la Ley Electoral, existe una sanción de arresto inconmutable de uno a dos años.
