Después de varias prórrogas fue por fin reanudado el proceso judicial en contra de Carlos Iván Hüeck, ex alcalde de Masaya, y otros ex funcionarios públicos, en el Juzgado de Distrito de lo Penal a cargo de la juez Ruth Chamorro, quien decidirá si es o no competente para conocer el caso de supuesta malversación de fondos por la que se les acusa.
Los abogados de los procesados Carlos Iván Hüeck, ex alcalde de Masaya; Chéster Membreño Palacios, ex secretario del Concejo municipal, y los ex concejales Arístides Ruiz Díaz, Juan Ortiz y Rudy Argentina Lira Rivera, solicitaron a la judicial se declare incompetente para conocer el delito de malversación de 1.8 millones de córdobas, porque, según ellos, en base al nuevo Código Penal el caso debería ser trasladado al juez Segundo de Distrito de lo Penal.
Pero según el fiscal auxiliar Medardo Trejos, la excepción interpuesta por los abogados defensores no tiene fundamento ni asidero jurídico, en tanto que la relación de hechos es clara y porque no se supo si la defensa solicitaba una excepción o si era un incidente.
El fiscal Trejos sostiene que la señora Catalina Juárez fue fundamental para que se cometieran los delitos de peculado y malversación de caudales, en tanto tuvo conocimiento pues tenía en sus manos la administración de la Alcaldía y los números de cuentas.
Según Trejos, Juárez se coludió supuestamente para trasladar los fondos de la cuenta Japón Nicaragua a la cuenta Otros Gastos, y a la del señor José Ramón Bonilla Cuadra, ex gerente general de la empresa Bonicsa.
“La interposición de esta excepción a mi criterio es una maniobra como muchas que se han intentado a lo largo del proceso para lograr desbarajustar la continencia que el proceso debe mantener en todos sus estados, por lo que me opuse a esta solicitud de declararse incompetente de conocer el caso a la juez Chamorro, en lo que a la malversación de caudales públicos se refiere”, dijo el fiscal Trejos.
La juez Chamorro trasladó la discusión de las excepciones para hoy martes, cuando fijará el inicio del juicio.
La Procuraduría General de la República había impulsado la acusación tras considerar que la naturaleza del delito es de orden patrimonial en contra de los intereses del Estado.
