Dirigentes de varias cooperativas del país denunciaron ayer ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) la supuesta represalia que enfrentan por parte de instituciones del Estado.
La suspensión de labores en unos casos, anuncios de nuevas concesiones en otros casos, así como las variaciones de los itinerarios de rutas a nuevos concesionarios, son entre otras las anomalías que, según los transportistas, han empezado a resentir tras la última protesta en contra del Gobierno.
Andrés Lara, en representación de Canitrans, fue acompañado en su denuncia por los enlaces nacionales de la Coordinadora Civil, Mario Quintana y Georgina Muñoz.
Para Lara lo que existe es “represión” para los transportistas afiliados a la Coordinadora Nacional del Transporte.
El hecho que más destaca es el que sufre la cooperativa de Servicios Múltiples de Transporte Granada-Mercado Oriental R.L. (Comulgrameo R.L.), afiliada a Canitrans, la que cuenta con 22 socios que operan esa ruta desde hace unos 10 años. Un día antes de la marcha de la Coordinadora Civil, el 16 de julio, les ordenaron la suspensión de labores.
Esta cooperativa ha venido enfrentando un proceso legal para evitar la suspensión de labores por parte del Ministerio de Transporte e Infraestructura.
Explicó Lara que el Gobierno mandó oficialmente a suspenderle la ruta a través de una resolución de la Dirección General de Transporte Terrestre. “Esta resolución mandaba a cancelar la ruta de esta cooperativa como una forma de represión, en contra de los afiliados de la Coordinadora Nacional de Transporte y porque según ellos hay presencia mía de forma personal en esa ruta”, dijo Lara.
Como respuesta, la cooperativa, por tener su sede en Masaya, recurrió ante el Tribunal de Apelaciones de Masaya, el cual mandó a suspender el acto que ordenaba la Dirección de Transporte.
Y pese a que la cédula judicial tiene fecha del nueve de mayo del presente año, fue el 15 de julio que ordenan la suspensión de labores.
La resolución del Tribunal de Apelaciones en su parte resolutiva dice: “Ha lugar a la suspensión del acto reclamado en lo referido a la suspensión de la resolución administrativa”.
La delegación del MTI y la Policía de Granada, “ignorando la disposición ordenaron el allanamiento de la terminal y suspendieron las operaciones de la cooperativa en Granada”, denunció Lara.
“Esto significa dos cosas: que ni la Policía Nacional respeta las resoluciones judiciales, ni la autoridad administrativa del Ministerio del Transporte respeta las resoluciones judiciales; entonces estamos ante una anarquía de poder, ante una situación (en la) que no se halla a quién recurrir”, sostuvo Lara.
Lara dijo que esta decisión del MTI causa perjuicios económicos, no sólo a los socios de la cooperativa sino a otras personas que dependen de esta actividad.
Para Lara no sólo ha sido violentada la Constitución de la República, sino que existe un alto grado de responsabilidad de las autoridades, “por extralimitarse en el desempeño de sus funciones”.
¿SITUACIÓN PERSONAL?
Por su parte, Mario Quintana calificó de inapropiado el hecho de que la Policía no haya tomado en cuenta la resolución del Tribunal de Apelaciones de Masaya.
Quintana recordó que la Policía se debe a la Constitución y a las leyes. “No quisiéramos pensar que hay una situación personal en contra de ellos”, expresó Quintana.
PUEDEN RECURRIR ANTE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
El director del Cenidh, Bayardo Izabá, manifestó que se abocarán a las autoridades del Ministerio de Transporte e Infraestructura, para conocer cuáles son las razones por las que incumplen una resolución del Tribunal de Apelaciones.
“Las resoluciones del Poder Judicial son de ineludible cumplimiento para las autoridades civiles y militares; y no sabemos por qué se mantiene estas suspensiones a esta cooperativa, cuando hay una resolución”, manifestó el representante de los derechos humanos.
Izabá dijo que de verificar y comprobar que se violentaron los derechos a los miembros de esa cooperativa, “nos quedaría recurrir ante la Corte Suprema de Justicia, para que mande a cumplir la resolución del Tribunal de Apelaciones de Masaya”.
