Todavía quedan más de cuatro meses para que el Grupo Barceló y la Procuraduría General de la República (PGR) realicen acuerdos amistosos por la compra venta del Complejo Turístico Montelimar, pero los españoles prefieren ir a un arbitraje internacional.
Tomás Delaney Solís, representante legal de Barceló en Nicaragua, indicó que para ese consorcio se trata de salvaguardar su prestigio como empresa seria, porque en Nicaragua “mucho lodo se le ha tirado”.
Según Delaney, Barceló no es que no quiera pagar una deuda de apenas medio millón de dólares, pero que según la PGR asciende a más de millón y medio de dólares, sino que demostrará en el arbitraje que les asiste la razón y que no le deben ni un centavo a Nicaragua por Montelimar.
El conflicto se origina porque Barceló le pidió a la PGR que le diera el finiquito por la compra venta de Montelimar, efectuada en 1993 por una prima de tres millones 30 mil dólares, más 10 cuotas anuales a partir de 1996, las cuales estaban condicionadas por el nivel de ocupamiento en el Hotel Montelimar.
Pero, aunque según Barceló las condiciones establecidas en el contrato de compra venta no se cumplieron nunca y por eso no se pagaron las 10 cuotas, la PGR le negó el finiquito y más bien le instó a pagar la deuda.
El 18 de diciembre del 2007, Carmen Reyes García, presidenta de Corporaciones Nacionales del Pueblo (Cornap), le dio un plazo fatal de tres días a Barceló para que pagara, por lo que los españoles pidieron reunión urgente con ella.
Pero Reyes García le pasó la “papa caliente” al procurador Estrada, quien entabló demanda en contra de Barceló, tanto a nivel nacional como por arbitraje internacional.
Luego que el director del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), Carlos Salazar, le consultó sobre el tema, el 27 de abril del 2008, el procurador Estrada le ordenó a Salazar que no diera autorización a Barceló de usar una pista de aterrizaje que está en Montelimar.
Delaney Solís señaló que, después de 15 años, es la primera vez que no le dan permiso para aterrizar en esa pista a Simón Barceló, dueño del consorcio.
Ante la falta de acercamiento entre las partes, como establece la cláusula 13 del contrato, el conflicto se dirimirá por medio de arbitraje internacional.
