El presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, afirmó que las personas que hacen proselitismo político al poner propaganda electoral en instituciones del Estado, cometen apología del delito, ya que en la Ley Electoral se castiga incluso con una pena máxima de dos años de prisión.
El magistrado Rivas expresó que ese Poder del Estado no puede actuar de oficio, en cuanto a investigar si funcionarios estatales violentan lo establecido en la Ley Electoral, de uso de bienes del Estado o proselitismo político en las oficinas estatales.
Sólo si existe una denuncia de representantes de partidos políticos o de cualquier ciudadano, el CSE procederá a entregar las pruebas a la Fiscalía Electoral, representada por Blanca Salgado, dijo el magistrado.
“Por esa razón, cada vez que yo soy llamado a la Fiscalía por una u otra razón, siempre aprovecho para llevar una prueba adicional”, precisó Rivas.
Añadió que “sencillamente, lo que tienen que hacer es ir a la Fiscalía. La persona que lo ha visto, la persona que tiene las pruebas respectivas... ir a la Fiscalía”, insistió Rivas.
Recordó que cuando hubo acusaciones contra el ex embajador Salvador Stadthagen, de delitos electorales por usar recursos de la Embajada de Nicaragua en Washington para acusar a los sandinistas por delitos de lesa humanidad, las pruebas fueron entregadas a la Fiscalía, aunque no hubo un pronunciamiento al respecto.
El presidente del CSE agregó que el Poder Electoral no tiene facultades para sancionar en este momento, ya que todavía no inicia el período de campaña electoral establecido en el calendario electoral para el 28 de septiembre, fecha modificada por la reforma aprobada por la Asamblea Nacional para cambiar el día de los comicios al 9 de noviembre.
PROHIBICIÓN CLARA
En el artículo 107 de la Ley Electoral, relacionado a las normas éticas de la campaña electoral, se establece que “se prohíbe el uso de bienes propiedad del Estado para fines de propaganda política. En las oficinas públicas no podrá hacerse proselitismo político”.
“Cualquier denuncia sobre la violación de esta disposición o de cualquier otro tipo de coacción, se ajustará a lo dispuesto en esta ley y los responsables cometerán delitos electorales”, precisa.
En diferentes oficinas del Estado en Managua son evidentes los afiches de los candidatos a alcalde, vicealcaldesa y primer concejal del Partido de Gobierno, Alexis Argüello, Daysi Torres y Enrique Armas, respectivamente, además de las mantas sobre el Poder Ciudadano, la campaña del partido Frente Sandinista (FSLN).
El presidente Daniel Ortega también ha orientado a sus ministros a visitar todos los municipios del país, para promover a los candidatos sandinistas, sin obviar el uso de recursos del Estado, como vehículos; y ha ordenado a los empleados públicos que asistan a las actividades partidarias del FSLN.
