Al menos un millón 900 mil córdobas (casi 100 mil dólares) es la deuda que tiene el candidato a la Alcaldía de Ocotal, Nueva Segovia, y líder del Movimiento de Productores, Comerciantes y Microempresarios, Andrés Castillo Urbina, con la Asociación de Consultores para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (Acodep), la cual fue adquirida durante el 2007 utilizando “testaferros”, según confirmó ayer una fuente ligada a esta financiera.
La fuente, que solicitó el anonimato, denunció que Castillo, quien lidera las tomas de varias microfinancieras en el Norte del país, a través de al menos 30 personas sacó varios préstamos a Acodep, cuya deuda todavía sigue sin cancelar.
Añadió que Acodep no ha procedido legalmente en su contra porque “él ha estado usando amenazas, chantajes en contra de los gerentes y abogados de la sucursal” en Ocotal, “para que los funcionarios no actúen por miedo a que les pase algo”.
Otro líder de esas tomas de microfinancieras es el ex alcalde sandinista de Jalapa, Francisco Omar Vílchez González, quien tiene cuentas pendientes con la justicia, pues la Contraloría General de la República (CGR) le impuso tres presunciones penales por hacer mal uso de los fondos de la comuna en su período como alcalde.
En el caso de Castillo Urbina, ex miembro del Frente Sandinista y actual candidato a alcalde por ALN, a finales del mes pasado LA PRENSA conoció que tiene deudas millonarias con otras tres microfinancieras que están siendo acechadas por los productores luego que el presidente Daniel Ortega los instara a tomárselas.
En esa ocasión, Castillo reconoció que tenía una deuda con Acodep inferior a los 10 mil dólares, la cual “puede saldar con la venta de uno de sus dos vehículos Dodge Ram y Nissan, valorados ambos en más de 70 mil dólares”, dijo, sin incluir sus dos propiedades ubicadas en la zona Norte del país.
Sin embargo, un documento en poder de LA PRENSA indica que, hasta marzo, Castillo tenía deudas con varias microfinancieras cuyo monto ascendía a un millón 440 mil 445 córdobas con 90 centavos, sin incluir la que tiene con Acodep.
Entre octubre 2006 y diciembre 2007, Castillo Urbina adquirió un préstamo de un millón 608 mil 878 córdobas netos, de los cuales debía hasta marzo de este año, un millón 440 mil 445 córdobas con 90 centavos.
En tanto, su esposa Marina del Carmen Herrera López, hasta esa misma fecha tenía una deuda de 251 mil 996 córdobas con 30 centavos, según refleja el documento.
Entre julio del 2006 y marzo del 2007, Herrera López adquirió un préstamo de 342 mil córdobas, del cual hasta finales de marzo de este año debe 251 mil 996 córdobas con 30 centavos.
Hasta finales de marzo de este año, el matrimonio Castillo Herrera tiene una deuda de un millón 692 mil 422 córdobas con 20 centavos, según registros financieros.
Castillo Urbina junto a Omar Vílchez presentaron al Gobierno un listado de los productores que están solicitando se les reestructure la deuda.
En esa ocasión Castillo Urbina aseguró que no se había incluido en la lista, pero LA PRENSA constató que sí está entre los productores que piden la reestructuración.
Sobre las presunciones penales en contra de Vílchez González, una de ellas es por haber autorizado el desembolso de 446 mil 216 córdobas, dinero que fue donado a la Alcaldía de Jalapa por el organismo Apdel Danida y estaba destinado para la construcción de la terminal de buses del municipio.
Vílchez dijo a la CGR que se desembolsó el dinero de la Alcaldía para el pago de las deudas de campaña del alcalde que lo sustituyó, el también sandinista Humberto Pérez Largaespada y sobre quien también pesa una presunción penal.
Las otras presunciones penales en contra de Vílchez González son porque no logró soportar con facturas el egreso de 212 mil 419.39 córdobas, así como por autorizar desembolsos de los fondos donados por los organismos Champigny (Francia) y Fons Català (España) hasta por un monto de 16 mil 892.80 dólares.
El ex alcalde Vílchez González, después de ser notificado de las presunciones penales, recurrió de amparo en contra de las resoluciones de la Contraloría y mandó a echar a todos los auditores de ese ente fiscalizador.
