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Navarro advierte más crisis El diputado por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Wilfredo Navarro, consideró que al no enviar el presidente Daniel Ortega las ternas para ocupar tres cargos en el Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua (BCN), se incrementa el riesgo país y se viola el nuevo Código Penal, por omisión de funciones. “Al no integrarse el Consejo Directivo, Ortega pone en riesgo la gobernabilidad e institucionalidad del país, incrementa la percepción riesgo país que se tiene de Nicaragua, pone en entredicho la independencia del BCN, afecta las decisiones de política monetaria y las medidas antiinflacionarias”, alertó Navarro. El diputado agregó que si Ortega se resiste a proponer a los nuevos miembros del Consejo Directivo del BCN, introducirán una iniciativa de ley para que esas facultades sean exclusivas de la Asamblea Nacional. En mayo pasado tres miembros del Consejo Directivo, Enrique Salvo, Evenor Valdivia y Javier Morales, renunciaron en medio del secuestro judicial de los Cenis bancarios.

El índice del riesgo país de Nicaragua se ha incrementado en 8.5 puntos durante el primer año y medio de gobierno del presidente Daniel Ortega, debido a diversos factores, como los frentes de lucha abiertos por el Ejecutivo en el ámbito político y empresarial, la escalada de la inflación y la desaceleración de la economía, afirmó el economista Néstor Avendaño.

Sólo durante el segundo trimestre del 2008 el riesgo país se incrementó en 1.5 puntos, para totalizar 51 puntos a junio pasado, nivel calificado como “alto” por Avendaño, quien ayer presentó en la Universidad Americana (UAM) un informe al respecto.

El riesgo país, que va de una escala del 0 a 100, toma en cuenta diversas variables que miden el riesgo político, económico y financiero.

Avendaño indicó que, al asumir el poder el presidente Ortega en enero del 2007, el riesgo país alcanzaba los 42.5 puntos, nivel que a junio pasado cerró en 51 puntos.

Tal aumento se ha visto marcado en los últimos meses por una demanda presentada por la Procuraduría General de la República contra el Grupo Barceló, por el supuesto incumplimiento de esa empresa española en cancelar la deuda por la compra del Complejo Turístico Montelimar, ocurrida en el año 1993.

A ello se le suman los conflictos sociales originados por los reclamos de los transportistas y de los consumidores, debido al alza de los precios de los combustibles y los alimentos, que empujan en parte la inflación; sino también por los grupos y partidos políticos que exigen al Gobierno respeto a la institucionalidad.

Por ejemplo, recientemente el Consejo Supremo Electoral (CSE) eliminó la personería jurídica de los partidos Conservador y Movimiento Renovador Sandinista. Entre tanto, Ortega ha estado atacando a los cooperantes, quienes garantizan 500 millones de dólares al año y han cuestionado la decisión del CSE.

INFLACIÓN GALOPANTE

Avendaño destacó que uno de los factores que más preocupa es el alza generaliza de los precio, es decir la “inflación galopante”, que alcanzó el 11.76 por ciento a junio, es decir 80 por ciento más alta que la inflación promedio en el resto de Centroamérica.

Avendaño aconsejó a los gobernantes fomentar un aumento de la producción nacional, con lo que se podrían bajar los precios, en especial de los alimentos.