Todo parece indicar que la expiración del beneficio de un Impuesto al Valor Agregado (IVA) reducido para más de 100 mil usuarios del sector eléctrico, tomó por sorpresa al Gobierno y a los diputados de la Asamblea Nacional.
Fuentes vinculadas al Gobierno comentaron que la información revelada ayer por LA PRENSA sorprendió a los actores involucrados en la elaboración de ese beneficio, dado que éstos aparentemente habían olvidado que expiraba el pasado 1 de julio.
Ahora, las partes involucradas aparentemente buscan capear el bulto sobre la responsabilidad en este tema.
Uno de los primeros funcionarios en aducir que no ha orientado ninguna medida en ese sentido fue Alberto Guevara, titular de Hacienda y Crédito Público.
“El Gobierno no está solicitando un incremento en el IVA. El Gobierno no ha orientado a la Dirección General de Ingresos (DGI) que solicite a Unión Fenosa un aumento del ocho por ciento aplicado al IVA. Cualquier cambio en materia tributaria sólo es potestad del parlamento nacional”, enfatizó el ministro Guevara.
Pero luego, el funcionario agregó que la DGI tiene potestad por ley para aplicar el 15 por ciento del IVA y eso es lo que se estaba haciendo en este caso.
LA PRENSA reveló ayer que la DGI orientó el pasado 4 de julio a Fenosa que en la próxima facturación cobrara el 15 por ciento en concepto de IVA a todos los usuarios con un promedio de consumo energético entre los 300 a 1,000 kilovatios mensuales. Estos usuarios eran beneficiados con el cobro de un IVA reducido al siete por ciento.
La solicitud de la DGI fue en base a lo establecido en la Ley 600 y 627, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley 554, Ley de Estabilidad Energética.
La DGI, que había prometido brindar una explicación ayer sobre el tema, guardó silencio.
COMPROMISO CON FMI
La eliminación de este beneficio ya era considerada por el Gobierno desde hace meses. Incluso ya se había comprometido a esto con el Fondo Monetario Internacional (FMI), según reveló el mismo representante de ese organismo en el país, Humberto Arbulú.
Agregó que este beneficio estaba previsto a eliminarse desde el año pasado, pero se prorrogó un año más.
Los ingresos que generará este incremento del ocho por ciento en el IVA ya estarían contemplados en el Presupuesto General de la República.
SACASA SORPRENDIDO
Otro que se declaró sorprendido fue el diputado liberal y presidente de la Comisión Económica, Francisco Aguirre Sacasa.
“Yo diría que ese tipo de acción se tomó de una manera que nadie termina de entender aparentemente, no sé cuál comisión, pero no fue la mía la que autorizó eso. Esa es una cosa que va a crear de seguro un repudio en la población y que va a ser uno de los temas principales de agenda para la Asamblea que nosotros vamos a sesionar en agosto”, mencionó el parlamentario.
Incluso, adujo que la eliminación de ese beneficio podría ser parte de los acuerdos alcanzados recientemente entre el Gobierno sandinista y Unión Fenosa.
Ambas partes firmaron en mayo pasado un protocolo de entendimiento técnico. La parte medular de este acuerdo era la participación del Estado como socio de Fenosa, con un 16 por ciento de las acciones.
LA PRENSA intentó comunicarse con Eliseo Núñez, Hernández, diputado de Alianza Liberal Nicaragüense y presidente de la Comisión de Transporte y Servicios Básicos, pero éste no atendió las llamadas a su móvil.
El Instituto Nicaragüense de Energía (INE) argumentó el pasado lunes que el cobro del 15 por ciento de IVA se legalizó con la entrada en vigencia de un nuevo pliego tarifario, aprobado por ese ente regulador del sector energético, en consenso con Fenosa.
Los consumidores menores de 150 kilovatios al mes, que representan el 72 por ciento de los usuarios domiciliares de Fenosa, continúan protegidos por un subsidio del Gobierno que está vigente hasta el 31 de diciembre de este año.
GOLPE A LA ECONOMÍA
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, reconoció que el pago del 15 por ciento del IVA influirá directamente en los precios finales al consumidor.
“Ojalá que esto no venga a poner más presión a la discusión del salario mínimo”, indicó el representante empresarial.
Los consumidores entre los 300 a 1,000 kilovatios al mes también han absorbido el 23 por ciento de incremento en la factura que ha aprobado el INE en los últimos 12 meses.
RED DICE QUE ES ILEGAL
Gonzalo Salgado, coordinador de la Red Nacional de Defensa al Consumidor, criticó que el Gobierno no se haya preocupado por sostener este beneficio en una época en que los incrementos en la factura de luz se han convertido en una tortura mensual para los consumidores.
Salgado también explicó que el INE no puede alegar que la derogación de este beneficio se deba a la entrada en vigencia de un nuevo pliego tarifario.
“Están aplicando una medida ilegal sobre una base ilegal. El pliego tarifario no se ha reformado. Lo que el INE hizo ahorita en julio solamente fue aprobar un ajuste tarifario en el Valor Agregado de Distribución. El pliego tarifario solamente puede estar vigente un año y ese año se cumplió el 1 de julio del 2008 y no se ha reformado”, explicó el dirigente.
