El economista Néstor Avendaño confió ayer que en la investigación que realizó sobre los Certificados Negociables de Inversión (Cenis), a petición de la Contraloría General de la República (CGR), el listado de los sospechosos de incurrir en delitos contra el erario era mayor a los 39 que remitió el Ministerio Público a los tribunales.
Aseguró que la renegociación de los títulos valores efectuada por el Banco Central (en mayo y julio) con los banqueros y la reforma tributaria producto de esa reestructuración de deuda, es ilegal.
Durante una exposición que realizó sobre los fondos públicos para la salud en Nicaragua, Avendaño expresó ayer que la actuación del presidente del Banco Central, Antenor Rosales, de reestructurar la deuda de los Cenis con los bancos, en ausencia del consejo directivo de esa institución, no es legal.
Y dijo que de igual manera, el ajuste salarial que la Asamblea Nacional aprobó a varios sectores de la sociedad, con el producto de la renegociación de esa deuda del Estado con los bancos, también es ilegal, debido a que fue basado en algo “ilegal”.
“Aquí nadie respeta las leyes, deberían haber organizaciones de la sociedad civil que deberían insistir en el fortalecimiento de la institucionalidad”, manifestó.
DEBEN SER MÁS, NO MENOS
“Nicaragua perdió una gran cantidad de recursos que le quitaron al erario o sea al pueblo, al Estado nicaragüense”, dijo Avendaño, tras manifestar que ya en manos de un juez serán llamadas otras personas que todavía no aparecen en “la famosa lista que dicen fue reducida en tres a cuatro personas”.
El economista dijo compartir la opinión con la Fiscal General Adjunta, Ana Julia Guido “que esta lista puede aumentar, pero me preocupa cuando agregó que también puede disminuir; yo creo que esta lista definitivamente tiene que aumentar”.
Avendaño estima que una vez que se desarrolle el juicio en los juzgados, saldrán a luz pública otros nombres vinculadas con el caso de los Cenis.
El economista es del criterio que debe formarse una comisión técnica integrada por ciudadanos probos, de distintas disciplinas, no sólo economistas y expertos financieros, que impidan la politización del juicio.
ACUSACIÓN ES POLÍTICA, DICE AMCHAM
La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), en un pronunciamiento emitido ayer sobre la acusación de la Fiscalía — en el caso de los bonos del Estado emitidos para salvaguardar el sistema financiero nacional—, en el que señala que “ante la crisis financiera provocada por la quiebra de instituciones bancarias, producto del accionar delictivo de personas que nunca han respondido por sus delitos ante nuestra sociedad, el Estado de Nicaragua se vio obligado a proceder —a través de las instancias correspondientes—, a emitir títulos valores, lo que contribuyó a solucionar una crisis de consecuencias incalculables, en la que miles de ahorrantes hubieran perdido los fondos depositados en dichos bancos quebrados”.
Amcham señala que las personas que participaron en el proceso, “lo hicieron en el legítimo ejercicio de las atribuciones y competencias derivadas de los cargos o nombramientos que desempeñaban en apego a la Constitución Política y las leyes”.
Sostiene que la acusación tiene todas las características de obedecer a razones de índole político, poniendo en entredicho nuevamente el Estado de Derecho, afectando el clima de negocios y desmotivando las inversiones nacionales y extranjeras.
“Demandamos la imparcialidad del Sistema Judicial, para que se den garantías de un justo proceso y los acusados no caigan en estado de indefensión”.
Asimismo insta al Gobierno a impulsar un Diálogo Nacional, “para buscar soluciones a los problemas de : salud, educación, seguridad ciudadana, pobreza y falta de empleo”.
