De irresponsable fue calificada la medida que recién tomó el alcalde sandinista de Chichigalpa, Wilfredo Rostrán, que repartió 110 concesiones, sin que una comisión del transporte haya concluido un estudio de factibilidad sobre las necesidades del transporte urbano.
Juan Carlos Mayorga, quien estuvo al frente de una protesta callejera realizada ayer frente a la municipalidad, declaró que los permisos fueron para taxis, motonetas y triciclos, con el afán de quedar bien con los partidarios en este año electoral y pasando sobre la cabeza de los viejos transportistas de la localidad.
“Cada uno de ellos (los concejales) tiene concesión. Hay gente que ya las habían favorecido y volvieron a repartirse otra. Vamos a llegar hasta el final”, dijo Mayorga, quien señaló que en el invierno la situación de los ruleteros es difícil, porque no hay circulante.
¿ESTUDIO AMAÑANADO?
Para los mismos protestantes, la comuna está mostrando un estudio de factibilidad que es amañado. “Dicen que la Contraloría les autorizó, pero cómo saben ellos, si aquí no hay pasajeros, de dónde vamos a pagar las reparaciones y los préstamos”, dijo Mayorga.
En Chichigalpa circulan 63 taxis. La nueva autorización favorece a la población que demanda trabajo, justificó el alcalde Rosales.
“El Concejo autorizó más de cien concesiones. La población anda por los 62 mil habitantes y hay gente que no tiene empleo”, expresó el alcalde.
Los transportistas de Chichigalpa —según el alcalde— venden sus concesiones hasta en 12 mil dólares. “Es el único municipio en que pasa esto. A ese precio las venden ellos y ningún desempleado las compra a ese monto”, afirmó el munícipe.
Según el alcalde, los transportistas tienen derecho a protestar y reclamar, pero también “nosotros tenemos derecho de dar oportunidades a aquellos —incluso profesionales que están sin trabajo— que quieren llevar el pan de cada día a sus casas”.
Rostrán indicó que la comuna de Chichigalpa autorizó concesiones de operación a 20 mototaxis, 40 taxis y 50 ciclotaxis que en la práctica ya estaban funcionando.
Los transportistas también están denunciando la ilegalidad en el funcionamiento de 200 triciclos en el municipio, los cuales no han sido regulados por la municipalidad.
El Concejo municipal basó la decisión en la cantidad de calles que se han adoquinado. Está casi todo el casco urbano adoquinado, incluyendo los repartos periféricos y las vías de acceso están en buen estado y por tanto se debe tener un buen servicio. Sin embargo, la protesta de los inconformes continuará.
Pedro Zelaya observaba desde la acera de enfrente la protesta. “A mí me dieron una concesión de las nuevas. Yo tengo dos hijos, una en la universidad y otro en secundaria y tengo necesidad. Yo la pienso para agarrar esta responsabilidad porque tendría que pagar 700 dólares en impuestos y sacar un carro que me costaría entre tres y cuatro mil dólares, y con esta situación y esta protesta, la sigo pensando”, reflexionó.
