En juicio por muerte del nicaragüense Natividad Canda; en la vía Civil se busca indemnización de US$190 mil
En el inicio del juicio por la muerte del nicaragüense Natividad Canda Mairena, ocurrida en noviembre del 2005, predominó en los Tribunales de Cartago, Costa Rica, la tesis individual de cuatro defensores se basa en supuestos vicios de procedimiento en la acusación presentada por el Ministerio Público, así como en la querella y acción Civil que por la vía privada interpuso el abogado de la madre del nicaragüense.
Canda Mairena, que entonces tenía 25 años de edad, falleció en un hospital de esta ciudad, luego de haber sido atacado por dos perros de raza rottweiler en un taller automotriz a donde se había metido a sustraer aluminio.
En total son diez los acusados por este hecho.
El Ministerio Público les imputa el delito de homicidio simple por omisión impropia, a los policías Asdrúbal Luna y Erick Sánchez.
En la vía privada, el abogado de la madre de Canda —Juana Francisca Mairena—, Luis Fernando Sáenz, interpuso una querella que incluye a seis policías más, a Fernando Zúñiga, dueño de los perros y a Luis Guillermo Hernández, guarda de seguridad que cuidaba el local.
También interpuso una demanda por la vía Civil en contra del Estado costarricense por ser patrono de los policías, y busca una indemnización cercana a los 190 mil dólares, monto calculado con base a un peritaje elaborado durante la investigación.
La audiencia de ayer fue la reedición de otra de carácter privado realizada el año pasado, en la que los defensores señalaron los mismos supuestos vicios de procedimiento, los cuales fueron rechazados por un juez de etapa intermedia que decidió elevar la causa a juicio.
A la vez fue el preámbulo de un polémico debate, en el que según los abogados que representan a Juana Francisca Mairena, se intentará demostrar que los acusados “no hicieron nada” para socorrer al nicaragüense.
Una vez que el fiscal Julián Martínez y Sáenz leyeron los cargos que imputan, el abogado de los ocho policías, Kennet Arce, pidió al Tribunal que declare inadmisible la acusación del Ministerio Público, la querella y la acción Civil, porque muestran actividades procesales defectuosas.
CONTRA EL MINISTERIO PÚBLICO
Sobre la acusación del Ministerio Público, Arce aseguró que a Luna y Sánchez no se les intimó debidamente. O sea, según él, no se les explicó de qué delito realmente se les estaba acusando en el juicio.
“El fiscal ni siquiera les dio la oportunidad de que se abstuvieran de declarar”, aseguró Arce, quien reclamó, además, que ni siquiera recibió un vídeo en el que se registra el ataque de los perros y que fue aportado como prueba por la Fiscalía.
Éste y otros supuestos errores de procedimiento fueron refutados por el Ministerio Público, que argumentó que los dos oficiales sí fueron intimados, incluso en presencia de Arce, cuya firma de la presencia en esa audiencia forma parte del expediente.
OTROS “DEFECTOS”
Contra la querella y la acción Civil, Arce también señaló supuestos vicios. Ambas piezas, según el abogado, se refieren en términos generales a los ocho policías que son acusados por Sáenz, por el delito de homicidio simple por omisión impropia culposa y dolosa.
El defensor asegura que ambos textos mencionan a “policías”, a “patrullas” o a “cuerpo policial”, y no individualiza responsabilidades.
“No hay posibilidad de defenderse porque no se sabe a quién están acusando”, dijo el abogado de la defensa.
Al respecto, el licenciado Guido Alfonso Araya, que forma parte del equipo que lidera Sáenz, recordó que las objeciones ya fueron resueltas en la etapa intermedia cuando se decidió elevar a juicio esta muerte. Señaló que los nombres y los datos de cada uno de los acusados están al inicio de los documentos que ellos presentaron.
NADIE HIZO NADA PARA SOCORRERLO
“Es fácil decir que (la acusación) es imprecisa si de un todo están tomando solo partes que les convienen. La acusación es genérica precisamente porque ninguno de los policías hizo nada. Si no, no estuviera muerta la persona. Hay que leer de manera integral y no sólo lo que convenga”, refutó Araya.
Pidió, además, que el Tribunal conozca el fondo del expediente.
Otro que refutó las declaraciones de Arce, quien dice que el poder que concedió la señora Mairena a Sáenz es para administrar un negocio y no dice bajo qué condiciones —si como heredera o damnificada por ejemplo—, fue el licenciado Jorge Vega, que también es parte del equipo jurídico liderado por Sáenz.
“No se ha planteado objeción nueva. Ya fueron resueltas cuando el juez decidió abrir un juicio”, argumentó.
EL MISMO DISCURSO
Las quejas de Arce encontraron eco en la Procuraduría, abogada del Estado; que además de declarar inadmisible la acción Civil, pidió demandar por las costas procesales a su contraparte.
También encontraron eco en Gustavo Corella, defensor de Fernando Zúñiga, dueño de los perros, y en Gregory Chávez, abogado del guarda Hernández. Ambos pidieron sobreseimiento definitivo de sus representados.
Una curiosidad mencionada por Corella, fue que en el texto de la querella de Sáenz se responsabiliza también a Hugo Ceciliano Romero, dueño de la propiedad Autos Romero, porque permitió que Zúñiga, su inquilino, tuviera en el local animales peligrosos, pero Romero no está siendo acusado en el juicio.
Él fue excluido de todo el proceso tras un arreglo extrajudicial con Sáenz.
El hecho sangriento motivó un serio diferendo entre Nicaragua y Costa Rica, ya que Nicaragua consideró que ese país no tutela los derechos de los inmigrantes.
